Coordinación de profesionales y técnicos de UNT alerta que el Gobierno se copia de la “cartilla de racionamiento”. Censo y registro oficial pretende controlar las necesidades del pueblo y el acceso a los beneficios, violando la Carta Magna
La Constitución nacional prohíbe la segregación de los derechos humanos de los venezolanos. En su artículo 21, numeral 1 establece que “no se permitirán discriminaciones” o el “menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona”.
Desde la coordinación nacional de profesionales y técnicos del partido Un Nuevo Tiempo aseguran que existe una “violación” de la Carta Magna con la creación del Carnet de la Patria dado que se pretende organizar beneficios de la población mediante un censo y registro.
Alfonso Gutiérrez, coordinador nacional, acompañado con José Antonio Robles e Iván Ramos, acusó que “es un instrumento” que se anuncia como una “panacea y solución a los precios de los venezolanos, y es ilegal porque es discriminatorio”.
El Gobierno nacional a través del Ministerio de las Comunas, ordenó un operativo para el registro que inició el 20 de enero. Hasta el 5 de febrero se prevé el ciclo de jornadas a realizarse en los estados con ayuda de un voluntariado.
El Presidente de la República explicó que será un carnet para tener información de quiénes reciben beneficios y garantizar el destino de los programas sociales. “Es sincerar las misiones” precisó Francisco Arias Cárdenas, gobernador del Zulia.
Aristóbulo Istúriz, vicepresidente para el Socialismo Territorial, señaló que 57 por ciento de las personas inscritas en la plataforma del carnet son mujeres, 43 por ciento son hombres, 32 por ciento son jóvenes entre 15 y 25 años y 33 por ciento son adultos.
Gutiérrez acusó que con la aplicación del Carnet de la Patria se pretende “controlar de manera ilegal la voluntad del pueblo, controlando su estómago”, con el abastecimiento de comida “para que no manifieste públicamente cuando se sienta agredido con la crisis”.
Destacó que es una “chuleta del modelo cubano con la cartilla de racionamiento, donde las familias cubanas solamente tienen acceso a una cantidad muy limitada de los productos que están regulados por el Gobierno cubano”.
“Además tenemos la información que aprovechan la emisión del carnet para intentar hacer firmar una planilla solicitando la disolución de la Asamblea Nacional. Queremos alertar que es otro fraude con contra de la voluntad del pueblo”.