sábado, agosto 3, 2024

Advierten que la “represión institucional” incrementó de cara a las presidenciales

La oenegé Acceso a la Justicia asegura que el Gobierno nacional “preparó el terreno” para los próximos comicios con inhabilitaciones, intervenciones de partidos y el nombramiento de un nuevo CNE con tendencias políticas

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La “represión institucional” en el país se incrementó en 2023, cuando, según un informe presentado este jueves 11 de julio por la oenegé Acceso a la Justicia, el Estado “preparó el terreno para las elecciones” presidenciales del 28 de julio con inhabilitaciones políticas, intervenciones de partidos y nombramiento “inconstitucional” de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según el informe, la Asamblea Nacional (AN) 2020, nombró en 2023 un nuevo CNE, pese a que “los diputados no debieron convocar un nuevo proceso de designación” de nueva directiva, sino designar “reemplazos” de rectores, ya que la saliente había cumplido poco más de dos años, de los siete que debe durar su período, según la normativa.

Además, Acceso a la Justicia señaló que la AN 2020 “nombró a tres rectores vinculados con el chavismo y a dos con la oposición”, cuando la Constitución establece que el CNE “estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos”, una decisión que “pone en duda la capacidad” de esta instancia “para organizar comicios libres, justos, transparentes y competitivos”.

Recordó que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió “un recurso contencioso electoral” para dejar sin efecto la primaria de la oposición, una vez ya celebradas, en las que ganó María Corina Machado, quien no pudo concretar su candidatura a las presidenciales debido a una inhabilitación administrativa que le impide optar por cargos públicos hasta 2036.

La organización destacó que no se ha publicado la sentencia sobre la anulación de la primaria, por lo que se desconoce “las razones jurídicas por las cuales se dicta”. Tampoco es público el documento sobre la inhabilitación de Machado, por lo que “nadie sabe por qué fue inhabilitada”, afirmó Alí Daniels, codirector de la oenegé.

Recordó que el TSJ “ha actuado como interventor”, en especial “sobre sindicatos y partidos políticos”, lo que “parece ser una estrategia por confeccionar no solo una oposición a la medida, sino por silenciar toda disidencia dentro de sus propias filas”.

 

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