Neuro Villalobos, presidente de la institución, estima que la acción crearía una mayor inestabilidad económica y política en el país y agregaría "ingredientes tóxicos" a la actividad económica del próximo año. A pesar de que obvian variables macroeconómicas como el cálculo de la inflación
Para la Academia de Ciencias Económicas del estado Zulia, la decisión del Ejecutivo de aprobar la Ley de Presupuesto 2016 a través del decreto de emergencia económica sin consultar a la Asamblea Nacional es un "barbarismo jurídico". Pero, las consecuencias del consentimiento del Tribunal Supremo de Justicia es la principal preocupación del gremio.
Neuro Villalobos, presidente de la institución, estima que la acción crearía una mayor inestabilidad económica y política en el país y agregaría "ingredientes tóxicos" a la actividad económica del próximo año. A pesar de que obvian variables macroeconómicas como el cálculo de la inflación, contracción económica y tipo de cambio, se puede inferir que el Gobierno prevé una inflación cercana a 500 por ciento, pues el monto de egresos pronosticados para 2017 son 466 por ciento mayores a los de este año.
"Podríamos estar en presencia del saqueo más horroroso de la historia republicana de Venezuela", afirma el economista, refiriéndose a la remoción de las labores de control del Parlamento. Advierte que, por esta razón todo gasto que se ejecute y deuda que se contraiga es considerado ilegal, lo que influye en el decaimiento de la calificación del riesgo país de Venezuela.
Las trabas legales y económicas acarrearían un empeoramiento de la escasez y el disparo del tipo de cambio. "Las condiciones de pobreza pueden ir cuesta abajo hasta la miseria", asegura. Manifiesta su apoyo con el pronunciamiento de la Academia Nacional de Ciencias Económicas emitido la semana pasada, en el que manifiestan: "Las instituciones y el marco legal que nos rige no pueden estar supeditados a objetivos político-partidistas circunstanciales; el respeto irrestricto de la normativa que nos hemos dado como sociedad es, ante todo, una obligación del Gobierno nacional".