La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Ana Piquer, calificó este martes 25 de marzo de “expulsión ilegal” la deportación de 238 venezolanos desde Estados Unidos a El Salvador y garantizó que esto representa “un desprecio manifiesto de las obligaciones” de EE. UU. en materia de derechos humanos con un “avance peligroso hacia las prácticas autoritarias”.
La funcionaria señaló que entre esas “prácticas autoritarias” se destaca ignorar la orden judicial que prohibió “expresamente” el traslado de los venezolanos y el desconocer a un juez federal pidiendo “su destitución”.
“Además, es un peligroso apoyo a la punitiva agenda de seguridad del presidente Bukele”, expresó en un comunicado de prensa.
Para la organización de derechos humanos “existe una conexión clara y preocupante” en los modelos de seguridad de Nayib Bukele y las medidas adoptadas por el gobierno de Donald Trump.
“Ambos se basan en la ausencia del debido proceso y la criminalización de personas basada en criterios discriminatorios”, ratificó.
Especificó que en EE. UU. los venezolanos “que huyen de la penuria y buscan seguridad” son calificados de “delincuentes por sus tatuajes, por su vinculación a Aragua, o por mentiras racistas” como asociarse al “Tren de Aragua”.
“Estas políticas son profundamente injustas y vulneran las normas internacionales de derechos humanos”, puntualizó.
Amnistía Internacional reseñó que todos los países del mundo tienen “prohibido, de forma inequívoca, expulsar, devolver o trasladar a personas a un país donde corren peligro real de sufrir graves violaciones de derechos humanos como la detención arbitraria o tortura”.
Enfatizó que EE. UU. falló “al trasladar a estas personas a El Salvador” puesto que las puso en “grave peligro e incumplió sus obligaciones jurídicas”. Además, exigió “responsabilidades” a El Salvador por “facilitar políticas que violan los derechos de las personas migrantes y las que buscan seguridad”.
Explicó que “el traslado posterior de estas personas de El Salvador a Venezuela sería igualmente contrario al principio de no devolución”.
“El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (Acnur) ha pedido a los Estados que garanticen que las personas venezolanas no serán deportadas, expulsadas u obligadas a regresar a su país”, suscribe.
Amnistía Internacional solicitó “prohibición absoluta de todas las deportaciones de personas a Venezuela, dado que el país está viviendo una situación de violaciones masivas de derechos humanos”.
Exhortó al gobierno de Nayib Bukele que se “abstengan de participar en programas injustos de deportación y traslado”.
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