La oposición defiende el derecho pleno, mientras que el chavismo refuta una intención “mercantilista”. Proyecto incluye una auditoría al programa para esclarecer la cifra de viviendas construidas
La Asamblea Nacional (AN) aprobó ayer en primera discusión el proyecto de ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, propuesto hace dos semanas por Julio Borges, diputado de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
El documento busca dar el título a nombre de los beneficiarios, quienes hasta ahora tienen sus inmuebles como “propiedad familiar”, lo que según Borges, atribuye la titularidad al Estado y no al individuo. Explicó que esto significa que el Gobierno tiene la potestad de sacar a las familias cuando así lo requiera y que está contenido en el artículo 8 de la Ley de Emergencia de Terreno de Viviendas.
Borges refutó las críticas del presidente Nicolás Maduro y de la bancada oficialista. “El Gobierno se siente tan acorralado y tan desesperado que comienzan a anunciar por radios y cadenas de televisión que ahora si ellos van a comenzar a entregar el título. Quién los entiende. Primero critican, pero cuando se dan cuenta que lo que estamos planeando es una propuesta tan poderosa que nuestro pueblo se apropió de ella, entonces empiezan a criticar”.
El debate fue duro y extendido. Mientras la oposición defendía el derecho a la propiedad plena, los oficialistas aludían a la negativa de aprobar una ley “disfraz”, que a su juicio, mercantiliza las casas.
El diputado Ricardo Molina, exministro de Vivienda y Hábitat, dijo en la plenaria que el proyecto "disfrazar el objetivo de mercantilizar la Misión Vivienda y quitarle el derecho a esos dos millones de familias que todavía no tienen vivienda y que la van a tener de aquí al 2019".
Insistió en que la propuesta "es absurda, pretende engañar al pueblo, y constituye un proyecto impertinente, que no tiene fundamento, viola la Constitución y las leyes establecidas, como la Ley de Registros y Notariado, y la Ley Orgánica de Misiones y Grandes Misiones".
Auditoría
Julio Borges notificó que el proyecto de ley establece que la Comisión de Desarrollo Social de la AN iniciará una auditoria completa de la Misión Vivienda, esto debido a las contradicciones de las cifras.
“El ministro (Vivienda y Hábitat) dijo el 1 de noviembre del año pasado que habían 800 mil. A la semana, el Presidente (Nicolás Maduro) dijo que habían 900 mil. Después, dijeron que iban a llegar al millón. No se informó la cifra total que prometieron el año pasado. Incluso modificaron las estadísticas del Banco Central para meter viviendas nuevas por refacciones”.
El respaldo absoluto de la bancada de la Unidad logró la aprobación en primera discusión. Pedro Carreño, parlamentario del PSUV, salvó el voto de su fracción y alegó que el proyecto es inconstitucional.
Calidad de vida
Garantizar la calidad de vida y que los jóvenes tengan la posibilidad de adquirir una vivienda, fueron las propuesta que presentó la diputada zuliana Elimar Díaz durante el debate de la primera discusión del proyecto de ley de Propietarios de la Gran Misión Vivienda de Venezuela. “Debemos garantizar la propiedad de la vivienda, sí, es cierto, pero también debemos garantizar la calidad de vida dentro de esas casas porque muchos de los complejos habitacionales de la Gran Misión Vivienda Venezuela han sido construidos en sitios donde no hay servicios públicos”, dijo Díaz.