Al cumplirse un mes de la instalación de la nueva directiva del Parlamento, su funcionamiento se ha dividido entre las sesiones en la calle protagonizadas por los diputados del bloque opositor y por la ausencia de la bancada oficialista
Desde el 5 de enero que se instaló la nueva Junta Directiva, la Asamblea Nacional está más cerca de los ciudadanos. Su presidente, Julio Borges, junto a los vicepresidentes, Freddy Guevara y Dennis Fernández, y la bancada en pleno de la Unidad, llevaron el Parlamento a la calle para conocer de cerca los principales problemas que afectan al pueblo Venezolano y buscar soluciones concertadas.
Por su parte, la bancada oficialista se ha mantenido ausente.
“Esta Asamblea saldrá a las calles para sesionar en los espacios que son testimonio vivo de la incapacidad del Gobierno, para plantear soluciones con el pueblo y para el pueblo. Sesionaremos en las comunidades, en los hospitales, en las fábricas expropiadas, en las escuelas, en las cárceles y en cada uno de los lugares donde sea necesaria nuestra presencia y nuestra fuerza democrática”, dijo Borges, luego de ser juramentado para presidir la institución.
La escasez de medicinas, el deterioro de los centros hospitalarios y el sufrimiento de miles de venezolanos que ven disminuir su calidad de vida, fue el impulso para que los parlamentarios se atrevieran a desafiar al Gobierno y pese a las acciones de grupos oficialistas violentos, llegar a las puertas de la Maternidad Concepción Palacios y escuchar de la propia voz del pueblo la crisis del sector salud.
Luego vino la aprobación en primera discusión de la Ley de Propiedad de la Tierra Urbana (Ley de Barrios) se hizo en el barrio más grande de Caracas, Petare. En esta sesión ordinaria que duró dos horas y se realizó en el Complejo Deportivo de Mesuca, a los voceros de las comunidades se les otorgó el derecho de palabra. “Es la primera vez que tenemos la oportunidad de tener aquí en Petare a todos nuestros diputados y de ver una sesión en persona”, señaló Marilú Bastidas vocera comunal.
Los curules de los parlamentarios del PSUV se mantuvieron vacíos hasta finalizar la actividad en la cual el presidente de la AN recalcó que el Gobierno “nunca quiso darle el derecho a la propiedad al pueblo”.
Uno de los puntos más álgidos de enero fue la detención del diputado Gilber Caro, ocurrida el pasado 11 de enero en Naguanagua, estado Carabobo, por parte de funcionarios del Sebin. Este hecho movilizó al Parlamento a las sedes militares y policiales de Valencia y San Juan de los Morros, donde los diputados denunciaron la violación a la inmunidad parlamentaria y la intención del Ejecutivo de juzgarlo en tribunales militares.
El pasado jueves, una Comisión de diputados encabezada por el jefe de fracción Stalin González, se trasladó a la sede del CNE para exigir el cronograma electoral 2017. Varios de los parlamentarios fueron agredidos por la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, sin embargo se logró el objetivo, reunirse con el rector Luis Emilio Rondón y entregar el documento con las exigencias. “Hay tiempo suficiente para que en Venezuela se realicen los procesos electorales que corresponden a 2017 y lucharemos por ellos”, sostuvo González al salir del organismo electoral.
Las cifras de ciudadanos caídos a manos de la inseguridad y la violencia, 28 mil fallecidos en 2016 y 504 solo en el mes de enero de 2017, llevó al diputado Borges a las puertas de la morgue de Bello Monte a solidarizarse con los familiares de las víctimas e informar que los parlamentarios de la Unidad trabajan en un proyecto de Ley de Asistencia a Familias Víctimas de la Violencia.
La Asamblea Nacional también acompañó a sus trabajadores en el reclamo de pago de sueldos y salarios y a los pensionados y jubilados que protestaron este viernes a las puertas del Ministerio de Finanzas a exigir la aplicación de la Ley de Bono de Alimentación y Medicinas.
La directiva de la AN ha denunciado que se mantiene sin presupuesto para el funcionamiento de las instalaciones, regida por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que limita sus funciones y amenazada por grupos violentos.