La Asamblea Nacional electa en 2020 sancionó este martes 7 de mayo la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al bloqueo imperialista, solicitada por Nicolás Maduro el pasado 1 de mayo y que crea un nuevo tributo a los empresarios privados para sostener el pago de pensiones.
La Ley, que entró en discusión el 2 de mayo y se le dio urgencia parlamentaria, establece que todas las empresas del sector privado deberán transferir mensualmente hasta 15 % del total de su nómina a un fondo especial para financiar este beneficio.
El presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez, dijo que esta es una ley “para atender a los que fueron más golpeados y agredidos por la acción depredadora, punitiva, canalla, al imponer sanciones”.
Señaló que ha sido “un proceso arduo de recuperación que continua, y por eso tomamos muy en serio la solicitud hecha por el presidente Nicolás Maduro Moros para que el sector privado, que ha sido atendido en este proceso de recuperación, contribuya” con las pensiones.
Dijo que con este “y otros instrumentos” se pretende mejorar el ingreso de los pensionados, que apenas alcanza los 130 bolívares mensuales, que equivalen a 3,55 dólares a tasa oficial (Bs 36,56) del Banco Central de Venezuela de este martes.
El diputado Diógenes Linares (Psuv) dijo que durante la gestión de Nicolás Maduro se han incorporado más de dos millones de adultos al sistema de pensiones. “Ha sido un proceso de avance gigantisímo que hemos obtenido los adultos y las adultas mayores durante el proceso revolucionario hasta el embate de las sanciones”.
Dijo que el objetivo de la Ley es “brindar el mejoramiento de las pensiones, de la seguridad social. Ya se han tomado medidas para el aseguramiento de la seguridad social que seguro anunciará el presidente mañana”.
Mientras que Jesús Faría, presidente de la Comisión permanente de Economía y Finanzas, dijo que “esta ley se aprueba en momentos dramáticos para el país” por la “mayor agresión imperialista que se conozca (…) pese a las sanciones la economía empieza a crecer, a expandirse, a darle solidez al sistema financiero”.
Faría aseguró que atendieron las consideraciones y observaciones de los empresarios, pero estos “se pliegan a esta línea de la revolución”.
Pensiones con discusión
Al inicio de la lectura para aprobar el articulado de esta nueva normativa, la diputada Anyelith Tamayo (AD), en representación de la Alianza Democrática, dijo que si esta ley iba a beneficiar más de 5,5 millones de adultos mayores era necesaria la creación e incorporación de “una instancia de gestión autónoma” con representación de varios sectores (Estado, trabajadores, empresarios).
En el artículo 7, sobre el monto de la contribución que quedó fijado en una banda entre el 1 % y 15 %, el parlamentario Óscar Ronderos (AD-Nueva Esparta) pidió fijar una alícuota clara para la contribución que deben hacer los empresarios “y dejar claro que no se trata de impuesto en base al salario de los trabajadores”.
Orlando Camacho, diputado y presidente de Fedeindustria, replicó que su colega “reclama el derecho de los empresarios” y dijo que este sector, durante la consulta pública, no reclamó sobre este punto.
Mientras que América Pérez, segunda vicepresidenta del parlamento, dijo que las últimas leyes económicas que se han probado establecen una banda en las alícuotas impositivas. “Este artículo nos parece importante para establecer la base de lo que será entregado a los pensionados y pensionadas”.
Reiteró que esta ley le entrega la potestad al presidente o presidenta de la República para que, en base al comportamiento económico, se fije el monto de las contribuciones de forma anual. “Dejemos que el presidente Maduro ejerza de manera responsable el ejercicio económico de nuestro país”.
Para el artículo 8, el diputado Ronderos también pidió establecer exoneraciones en concreto. “Son elementos que deben estar previstos en la ley”, dijo.
Falta el reglamento
Entre esas exoneraciones, que no fueron aprobadas, se pidió la exclusión de las empresas que tengan menos de 15 trabajadores y del sector alimentos y salud, de manera que no se encarezca el costo de productos básicos.
El presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez, replicó que para establecer esas exoneraciones se creará “lo más expedito posible” un reglamento para esta normativa.
El diputado José Gregorio Correa explicó que el reglamento “no puede contradecir o señalar cosas novedosas que el legislador no previó”, por lo que la operatividad de ese reglamento “no puede contradecir lo establecido por el legislador”.
Por último, en el artículo 10, la diputada Tamayo pidió incluir un párrafo para que la totalidad de los bienes y activos que se recuperen en la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, especialmente aquellos incautados por la trama Pdvsa Cripto, pasaran a beneficiar el fondo de pensiones. Su solicitud fue negada.
Fuente: Tal Cual
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noviembre 23, 2024
