El proyecto contempla multas de hasta 12.000 dólares a las organizaciones que no se registren en la instancia de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones recibidas
La Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 retomará un proyecto de ley que “controla” la actuación y el financiamiento de las oenegés, una vez apruebe una normativa para “la defensa” del territorio en disputa con Guyana, informó este miércoles Diosdado Cabello, presidente de la Comisión de Política Interior del Legislativo y primer vicepresidente del Psuv.
El parlamentario señaló que la AN de 2020 someterá a consulta pública el proyecto sobre las oenegés para su posterior “aprobación”, luego de que apruebe la llamada ‘Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba’, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados.
“Tengo noticias para las oenegés. Apenas aprobemos la ley de nuestra Guayana Esequiba, (…) vamos a la consulta pública nacional para la aprobación de la ley que controla todo el financiamiento y funcionamiento de las oenegés en Venezuela”, aseguró el oficialista en su programa Con el mazo dando, transmitido por VTV.
Esta ley sobre el Esequibo, con la que la nación pretende anexionarse este territorio y establecer una especie de “gobierno” en remoto, estaba previsto que fuera autorizada este miércoles, tras una semana de consulta pública promovida por instituciones del Estado, pero su aprobación fue aplazada.
El pasado enero, la AN de 2020 aprobó crear una ley que regule a las oenegés, que, según el chavismo, tienen fines políticos y de desestabilización.
Cabello aseguró entonces, al presentar esta propuesta ante el Legislativo, que la inmensa mayoría de estas asociaciones civiles o fundaciones “dependen de Estados Unidos” y operan como “apéndices” de Washington “para garantizarle al imperialismo su presencia en el mundo entero”.
El proyecto inicial contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la instancia de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones recibidas.
También prohíbe expresamente a las oenegés “realizar actividades políticas” y “promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones” del Estado.
Esta propuesta fue rechazada por decenas de oenegés, por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -la principal coalición opositora- y por Amnistía Internacional (AI), entre otros.
Para varias organizaciones, con la aprobación definitiva de este instrumento “se despojaría a la sociedad venezolana de sus capacidades y libertades para asistirse, organizarse, expresarse, defender sus derechos, participar en asuntos públicos y acudir a la solidaridad, protección y cooperación internacional”.
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