La fracción opositora dice que al Gobierno solo le interesan los organismos internacionales cuando le conviene. Bloque de la Patria recurrirá a instancias judiciales para anular acuerdo que aprobó la bancada de la Unidad
La Asamblea Nacional, con el voto mayoritario de la fracción opositora, aprobó ayer en la sesión ordinaria un acuerdo de exhortación para que el Estado cumpla con las decisiones de organismos internacionales. Freddy Guevara, diputado, fue el encargado de presentar en el hemiciclo la iniciativa que, entre otras cosas, propone la activación de la Carta Democrática y los acuerdos internacionales de Derechos Humanos para solicitar la liberación de los presos políticos en el país.
El dirigente de Voluntad Popular, quien preside la comisión de Contraloría de la AN, aseguró que solo están pidiendo que se respete la Constitución, que establece, en su artículo 31, que todos los ciudadanos tienen el derecho de acudir a instancia de DDHH. Recordó que en el año 2000, el expresidente Hugo Chávez decretó una amnistía para todos los responsables de los hechos de 1992. “¿Es menos grave un golpe de Estado que unos jóvenes defendiendo barricadas?”, se preguntó.
“Hoy el tema de presos políticos y la persecución política es un problema para la sociedad. La gente piensa: ‘Si eso se lo hicieron al alcalde (Antonio) Ledezma ¿qué no me harán a mí?'”, cuestionó, afirmando que los problemas del venezolano no son porque existen diferencias política entre azules y rojos.
Delsa Solórzano, quien lidera la Comisión de Política Interior, sostuvo que Venezuela tiene un gobierno que juega con el hambre de la gente y criticó que no se permita el ingreso al país de la CIDH, cuando esta apoyó a Argentina durante la dictadura militar y ayudó a salvar muchas vidas. A su juicio, al Ejecutivo le interesan los organismos internacionales solo cuando le conviene, pero no acata si se expresa a favor de los presos políticos.
“¿A dónde van a ir las víctimas de Venezuela cuando el año pasado ocurrieron más de 27 mil muertes violentas?”, se preguntó la parlamentaria, quien lamentó que el Poder Judicial tampoco esté al servicio del pueblo. Richard Blanco, de Alianza Bravo Pueblo, agregó que es reiterativo la presencia de delitos de lesa humanidad en el país y aseguró que, tarde o temprano, las autoridades tendrán que responder por sus actos.
Yul Jabour, del PSUV, está convencido de que el texto del acuerdo “fue escrito por los Estados Unidos” y contiene “un conjunto de exabruptos jurídicos”. Destacó que la CIDH es financiada por el gobierno norteamericano y que 42 casos desconocen la soberanía y el derecho de los venezolanos de elegir un sistema político. “198 casos de la CIDH se presentan con supuestas pruebas de notas de medios comunicación y 116 casos están presentes como pruebas que se desarrollan con denuncias que son inaceptables”.
La pared del PSUV
El Bloque de la Patria, compuesto por los diputados chavistas de la AN, se abstuvo en la votación de esta propuesta y anunció que recurrirá a instancias judiciales para anular el acuerdo que obliga al Gobierno nacional a respetar las decisiones de los organismos internacionales en materia de DDHH.