Anuncian orden de aprehensión contra Evo Morales para que declare en caso de trata

La fiscal Sandra Gutiérrez, de la región de Tarija, Bolivia, anunció este jueves que se emitirá una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales debido a su no comparecencia en la investigación por el caso de trata de personas y estupro.

Morales, quien debía declarar ante el Ministerio Público este jueves, es acusado de haber mantenido una relación con una menor de edad durante su mandato, lo que derivó en la denuncia presentada ante la Fiscalía.

Según Gutiérrez, tanto Morales como los otros investigados fueron notificados de forma adecuada y sin vulneración de sus derechos.

“Lo que corresponde es eso, sacar el mandamiento de aprehensión, ya que ellos (Morales y los otros investigados) han sido notificados debidamente sin ninguna vulneración de ninguno de sus derechos”, afirmó la fiscal.

El caso se centra en la supuesta participación de Morales en delitos de trata de personas y estupro, según la denuncia presentada el pasado 26 de septiembre.

La menor involucrada habría formado parte de un grupo juvenil creado por el exmandatario, denominado ‘Generación Evo’.

La defensa de Morales presentó un recurso para evitar la citación, alegando que una sentencia constitucional establece que el caso debería ser tratado en Cochabamba, lugar de residencia del expresidente.

Las organizaciones sociales afines a Morales han advertido que iniciarán bloqueos en todo el país si se emite la orden de aprehensión.

El expresidente ha denunciado que enfrenta una “persecución política”, aseguró que se defenderá de lo que considera una “batalla jurídica” y señaló que más de 200 abogados se han ofrecido a representarlo de manera gratuita.

Este caso se suma a las tensiones políticas en Bolivia, donde Morales, distanciado del presidente Luis Arce, busca consolidar su liderazgo en el Movimiento al Socialismo (MAS) de cara a las elecciones de 2025.

El Grupo de Puebla, compuesto por representantes de la izquierda latinoamericana, ha manifestado su preocupación por lo que consideran una “campaña de judicialización política” en su contra.

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