Aplicación de la Carta Democrática (I)

La CDI establece un sistema de sanciones de orden diplomático, políticas y económicas para aquellos países que violan sus estatutos total o parcialmente

Fuertes corrientes políticas en el continente Latinoamericano se inclinan por la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en el caso del Gobierno autoritario que gobierna a Venezuela, por hallarse incurso en la violación de casi todas las cláusulas sustantivas fundamentales del citado instrumento jurídico.

De hecho, la Carta Democrática Interamericana aprobada el 11 de septiembre de 2001 por la Organización de Estados Americanos (OEA), responde a la ingente necesidad de ponerle coto a la muy socorrida costumbre por parte de los gobernantes autoritarios en la América Latina, de romper con el hilo democrático, dando golpes de Estado o tornándose en gobiernos autoritarios una vez que asuman el poder. Los casos de Fujimori en Perú, de Zelaya en Honduras y Hugo Chávez Frías en Venezuela son una referencia patética.

Más grave aun lo es el hecho de que como consecuencia de tales rupturas del orden democrático constitucional de los autócratas en el continente, se le suma la masiva violación de los Derechos Humanos en esos países víctimas. Ello ha provocado el aumento de la pobreza crítica, la droga, el contrabando, la trata de blancas, desarticulación social de la familia, y lo que es más serio, -en los casos de instauración de regímenes de la izquierda socialista al estilo castro-comunista cubano-, la pérdida total de valores, tales como el respeto, la dignidad, la ética, tolerancia, solidaridad y las libertades del individuo.

La Carta Democrática Interamericana establece un sistema de sanciones de orden diplomático, políticas y económicas para aquellos países que violan sus estatutos total o parcialmente, y además de ello, un sistema de respuesta colectiva (a la manera del TIAR), a fin de garantizar la presentación de la democracia ahí donde se viere amenazada; o bien lograr la reinstalación de la misma ahí donde hubiere sido usurpada por un gobierno ilegítimo; y reinstitucionalizarla cuando fuese objeto de una grave alteración por parte de un gobierno que, habiendo sido electo democráticamente, evolucionase hacia formas sutiles de dictadura. 

El Gobierno venezolano está incurso en una flagrante violación de todos los artículos de fondo de la Carta  Democrática. En su artículo 1, la  Carta  señala: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y  sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. El régimen chavista-madurista ha privado a los venezolanos de un sistema democrático y de todo tipo de libertades políticas, económicas, sociales y nada hacen por promover y defender a la democracia como sistema. Continuará…