La Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves 30 de enero, tras casi dos horas de debate, la reforma a la Ley de Hidrocarburos impulsada por Delcy Rodríguez para atraer inversiones extranjeras en medio del nuevo escenario dejado por el ataque militar de Estados Unidos, que ha puesto al petróleo entre las prioridades de la relación entre Caracas y Washington.
De forma unánime, la propuesta presentada el pasado 15 de enero consiguió el aval legislativo durante su segunda discusión -esta vez artículo por artículo-, en lo que ha sido interpretado por algunos expertos, entre ellos el exministro de Petróleo Rafael Ramírez, como la “erradicación” de la política del fallecido presidente Hugo Chávez.
La “presidenta encargada”, que horas después rubricó el documento que recibió de manos de su hermano y presidente de la AN, el diputado chavista Jorge Rodríguez, en medio de una marcha de respaldo de trabajadores petroleros, defendió que en la ley “está la impronta del comandante Chávez” y “la visión del futuro del presidente Nicolás Maduro”, quien permanece detenido en Nueva York acusado de narcotráfico.
La líder chavista aseguró que la reforma de esta ley se trabajó y se estudió con Maduro, quien se encuentra encarcelado en Nueva York tras ser capturado por tropas militares estadounidenses el pasado 3 de enero en medio de un ataque a Caracas y los estados La Guaira, Aragua y Miranda.
“Presidente Maduro estamos cumpliendo con usted”, aseguró.
Asimismo, resaltó que esta reforma fue aprobada por todos los diputados de la AN, incluyendo a la bancada opositora integrada por el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles.
La “presidenta encargada” indicó que ahora Venezuela irá por las “mejores prácticas internacionales” para hacer de la industria petrolera del país suramericano una “gran industria energética”.
Una reforma “para la historia”
El cuerpo de la reforma, conformado por 34 artículos, se amplió tras unas consultas celebradas entre el fin de semana y el pasado miércoles 28, en las que participaron trabajadores del sector y representantes de petroleras como la española Repsol, la estadounidense Chevron y la británica Shell, ante quienes Rodríguez prometió que la reforma permitirá convertir a Venezuela en un “gigante productor”.
La reforma modifica la ley promulagada originalmente en 2001 y sometida en 2006 a una modificación promovida por Chávez para aumentar la participación estatal y el control sobre la actividad petrolera.
Tras los cambios aprobados se abren espacios para la participación privada en actividades primarias (exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento) y para la inversión extranjera, incluso con la posibilidad de que los conflictos puedan ser resueltos “mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes”.
Pros y contras
Y aunque el respaldo fue unánime, durante el debate la oposición minoritaria soltó sus cuestionamientos.
El diputado Antonio Ecarri, de la fracción opositora Libertad, criticó, por ejemplo, el aumento de las competencias atribuidas al titular del Ministerio de Hidrocarburos, con 19 nuevas funciones, según afirmó.
Horas antes, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) -que no se alinea con el gobierno ni con la oposición liderada por María Corina Machado y fue intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)- sentenció que la reforma “desmantela” la soberanía petrolera y es un “retroceso histórico” sobre los recursos energéticos estratégicos del país.
Sin embargo, el presidente de Pdvsa, Héctor Obregón, quien asistió a la sesión, aseguró, en un mensaje difundido en Telegram antes de la discusión, que el proceso de la reforma “consolida un marco jurídico fortalecido que impulsa la producción, atrae inversión y garantiza la soberanía energética”.
La reforma fue promovida por la mandataria encargada después del ataque militar en el que EE. UU. capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y de que Trump asegurara que la venta de petróleo venezolano se hará bajo la tutela de su país, que este mes cerró un acuerdo con Caracas por 500 millones de dólares.
Fuente: EFE
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