El gobernador Francisco Arias Cárdenas asegura que están respondiendo a “todas las denuncias” sobre el robo de ganado al ser consultado sobre los recientes casos sucedidos en la Sierra de Perijá. Afirma que atienden con “todo el peso de la ley” el respeto al trabajo
El gobernador Francisco Arias Cárdenas asegura que están respondiendo a “todas las denuncias” sobre el robo de ganado al ser consultado sobre los recientes casos sucedidos en la Sierra de Perijá. Afirma que atienden con “todo el peso de la ley” el respeto al trabajo, a la propiedad de quien trabaja y de quienes están produciendo tras las incursiones de delincuentes en los predios de Machiques.
“Estamos desplegado con los equipos del Cuerpo de Policía Bolivariana del Zulia, con los comandos rurales de la Guardia Nacional. Estamos en contacto directo con el propio comandante general de la Guardia”, recalca en rueda de prensa, a propósito del apoyo a la sentencia 0397 del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró la “inconstitucionalidad” de la ley de otorgamiento de títulos de propiedad a beneficiarios de la Gran Misión Vivienda y otros programas habitacionales del sector público.
Arias Cárdenas resalta que “en la Sierra como en todo el estado tiene que imperar la ley, tiene que imperar la Constitución” porque el robo de ganado, abigeato y la “destrucción de bienes públicos y privados está estipulado como delito”. Los sectores ganaderos acusan que en lo que va de año más de tres mil animales fueron sustraídos de los fundos de Machiques.
Antes de asistir al encuentro de ratificación de apoyo a la Gran Misión Vivienda, en el urbanismo Villas Caminos de la Lagunita se reunió con dueños de cadenas de supermercados y sectores productivos para frenar “la guerra económica”. Con representantes del Ministerio de Alimentación se trazaron objetivos víspera de la publicación de la lista del ajuste de los precios de alimentos.
En el anuncio de que hay tres desarrollos habitacionales en construcción en Mara y de meta de entregar en Zulia 106 mil viviendas del censo de 300 mil solicitudes de viviendas, el gobernador manifiesta que con ley de titularidad la AN desconoció las consultas al pueblo beneficiado y asumió competencias administrativas propias del Ejecutivo, como la exoneración de los inmuebles.