La directora de la oenegé V5 Initiative afirmó que “el control oficial sobre la actividad minera, controlada por grupos armados”, incluyen también a los disidentes de las FARC y el ELN, ambos de Colombia
David Soud, del Centro de Energía Global del Atlantic Council, aseguró este miércoles que la diferencia en la extracción ilegal de oro en Venezuela, respecto a otros países vecinos, “es la asociación entre el Gobierno y organizaciones criminales”, tanto nacionales como colombianas.
Dichas declaraciones fueron emitidas junto a un panel de expertos reunidos por el centro de pensamiento Chatham House en Londres, recalcando que el oro se convirtió en la “divisa” en la que se expresa la lealtad en el país.
A juicio de David Soud, esa lealtad se obtiene repartiendo los beneficios de la producción del oro del Arco Minero del Orinoco, el cual representa más del 12 % del territorio nacional.
El experto explicó que dicho metal sale a menudo en forma de barras de doré (una aleación sin refinar) y luego de pasar por diferentes países de tránsito como Surinam, Guyana, Colombia o Brasil, alcanza destinos como Emiratos Árabes Unidos, la India, Suiza y Estados Unidos.
“El oro no es droga. Es relativamente fácil moverlo. Pero se puede mitigar ese riesgo”.
“La situación en Venezuela empezó a desarrollarse en 2011, cuando Hugo Chávez nacionalizó la industria minera y creó un vacío que llevó a la intrusión de criminales, pero fue en 2016, con la inauguración del Arco Minero, cuando se produjeron las condiciones que vemos ahora”, dijo.
Participación de las FARC y el ELN
Cristina Burelli, directora de la oenegé V5 Initiative y enlace internacional de SOS Orinoco, criticó que “todos los procesos en esa zona no son más que una apariencia” y se hacen para “establecer un control oficial sobre la actividad minera, controlada por grupos armados”.
La especialista aclaró que entre estas bandas organizadas están incluidos los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“Todos los informes, desde la OCDE a la ONU, reflejan la implicación delictiva del Gobierno venezolano en la minería”, al tiempo que destacó el “enorme desastre ecológico” que supone esa actividad en el Orinoco.
Por otro lado, Louis Maréchal, consejero político de industrias extractivas de la OCDE, llamó la atención sobre el hecho de que la llamada “minería artesanal” no es el problema importante ni convierte a quienes la practican en criminales.
“Las organizaciones criminales están cada vez más interesadas en el oro para blanquear dinero. No es porque consigan grandes beneficios con él, sino porque les permite mover grandes cantidades por todo el mundo sin que nadie les pueda decir nada”, aseveró.
Recordó que “el oro no es algo intrínsecamente ilegal”, lo que hace más necesario que la gente sepa la importancia de que su origen sea lícito, para lo que se requiere “mucha educación y mucho compromiso, incluso dentro de los cuerpos de seguridad”.
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