Laura Dib, directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) para Venezuela, aseguró este martes 4 de febrero que el regresar a los venezolanos a su país no va a resolver el tema de la migración irregular en Estados Unidos, ya que advirtió que las rutas usadas por los que buscan ir caminando hasta territorio estadounidense son cada vez más peligrosas y atentan contra su seguridad personal.
En entrevista concedida a VPItv, la representante de Wola advirtió que la eliminación del Estatuto de Protección Temporal (TPS) va a tener graves consecuencias para los migrantes afectados con el TPS vigente hasta abril, tendrían 60 días para ajustar su situación. Para la funcionaria, la narrativa antimigratoria ha tomado mucho vuelo en EE. UU. y recordó que la medida, cuando fue publicada en 2023, contó con el apoyo bipartidista.
Recalcó que Venezuela no es un país seguro ya que la situación de emergencia continúa y que, luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, se recrudeció. Alertó que es grave que se retire un mecanismo sin dar rutas para que lo sustituyan.
Señaló que actualmente las vías para la migración regular se cerraron y recordó que EE. UU. estableció oficinas de “movilidad segura” a fin de tramitar su entrada legal a esa nación. Dijo que el asilo es distinto, porque destacó que el porcentaje de personas reconocidas para gozar del beneficio es cerca de un 28 %.
Para la directora de Wola, la narrativa del Gobierno estadounidense para justificar las deportaciones masivas no tiene argumentos sólidos que las sustenten y que, en ese sentido, estas decisiones solo benefician a grupos delictivos, ya que “dejan abierta la posibilidad de que organizaciones como el Tren de Aragua se lucren de migrantes que deciden tomar vías no seguras”.
Criticó la criminalización de los venezolanos por parte de EE. UU. al decir que todos son parte del grupo delictivo y cree que la medida de suspender el TPS daría fuerza al argumento de Nicolás Maduro que las cosas “se han calmado”.
Dib comentó que cualquier persona que sea susceptible a ser deportada debe tener garantías a que se revise si esa persona corre peligro a su país de origen.
Fuente: Tal Cual
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