En este rumbo que lleva el Gobierno de Maduro de imponer un régimen autoritario, fue la ocurrencia de intentar modificar la Carta Magna a través de un decreto presidencial
Mientras la profundización de la crisis económica y social cada día le genera mayores calamidades al pueblo venezolano, el Gobierno nacional en vez de rectificar las causas de lo que está ocurriendo en Venezuela, invierte sus principales energías en atornillarse en el poder sin tomar medidas de fondo que eviten un mayor deterioro de la calidad de vida de los venezolanos.
El último capítulo en este rumbo que lleva el Gobierno de Maduro de imponer un régimen autoritario contrario al interés nacional violando la Constitución, fue la ocurrencia de intentar modificar la Carta Magna a través de un decreto presidencial como el dictado con el N.° 2.309, que pretende dejar sin efecto por esa vía impropia que constituye una grosera violación al texto constitucional, las competencias que tiene la AN de conformidad con los artículos 240 y 246 constitucionales, de acuerdo a los cuales el Poder Legislativo con el voto de tres quintas partes de sus miembros presentes puede emitir la censura que acarrea la destitución inmediata del vicepresidente o de cualquier ministro.
Esa disposición existe como competencia del Poder Legislativo nacional desde la Constitución de 1864, y desde esa época hasta el presidente Maduro, ningún gobernante había intentado modificarla o dejado de aplicar teniendo como fundamento un decreto presidencial. Ese hecho es demostrativo de la vocación totalitaria del presidente Maduro, lo cual junto a la falta de voluntad para rectificar y el desprecio por la soberanía popular que eligió a esta AN, lo conducen a esta extravagancia inaceptable para la inmensa mayoría del pueblo venezolano y para quienes tenemos el deber de defender el respeto a la Constitución y la vigencia de los valores democráticos.
Ante esas circunstancias, que nos hace sospechar cada vez con mayores fundamentos que está en marcha un autogolpe dirigido por el presidente Maduro, con el objeto de desconocer la voluntad de cambio del pueblo venezolano y su derecho a expresarse a través de un referendo revocatorio, que es un derecho constitucional de los ciudadanos, es necesario defender el derecho del pueblo venezolano que ya no soporta más a este mal Gobierno, a convertirse en el protagonista del cambio político democrático para poder tener un país libre, que nos permita reconstruir a Venezuela sobre la base de un desarrollo económico con justicia social, y en libertad.