Las autoridades aprobaron este viernes un protocolo para la aplicación expedita de la Ley de Amnistía, aprobada el jueves por la Asamblea Nacional (AN) para los casos de presos políticos de los últimos 27 años.
La reunión en la que se redactó y aprobó el protocolo contó con la participación de la presidenta del Tribunal Supremo, Caryslia Rodríguez, el fiscal general Tarek William Saab, y la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, presidida por el diputado Jorge Arreaza, además de otros funcionarios de estas instituciones.
En la red social X, Saab aseguró que el protocolo “garantizará que todos los órganos de administración de justicia ejecuten de forma rápida y efectiva la aplicación de los beneficios para las personas relacionadas con los hechos establecidos” en la ley.
Arreaza, por su parte, indicó que la intención del encuentro fue “precisar y articular todos los procesos de los órganos de administración de justicia para garantizar la rápida y efectiva aplicación de los beneficios”.
La Ley de Amnistía cubre, en teoría, el periodo entre 1999 y 2026, pero delimita 13 “hechos” ocurridos en años específicos, lo que deja fuera el resto del periodo y casos vinculados con operaciones militares.
Mientras tanto, familiares de presos políticos mantienen vigilias frente a distintas cárceles, como Rodeo I en el estado Miranda, El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), y el comando de la Policía Nacional Bolivariana conocido como Zona 7 en el este de Caracas, para pedir la libertad de sus parientes.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos compartió en X imágenes de estas concentraciones y destacó que seguirán reclamando la liberación de los detenidos.
“A pesar de las dificultades y el desgaste de pernoctar a la intemperie, la fe es la principal bandera de quienes esperan ver pronto a sus seres queridos en libertad”, señalaron, acompañando un video de una misa celebrada frente al Rodeo I.
Por su parte, Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, anunció que entregarán un listado de 232 casos de presos políticos con “violaciones graves a los derechos humanos” para que sean considerados en la aplicación de la ley.
La lista incluye 3 personas con discapacidad, 21 mayores de 70 años, 127 detenidos desde hace dos años sin presentación judicial y 81 presos desde hace más de tres años sin ser presentados ante tribunales.
Fuente: EFE.
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