La Alta Comisionada para los Derechos Humanos presentó una actualización de la situación en Venezuela ante el Consejo de DDHH de las Naciones Unidas
La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, presentó una actualización de la situación en Venezuela ante el Consejo de DDHH del organismo multilateral, donde mostró su preocupación por el deterioro de la situación en el país.
La expresidenta de Chile indicó que la “devastadora crisis social y económica” en Venezuela comenzó antes de las sanciones económicas de EEUU.
“Estoy profundamente preocupada por la magnitud y la gravedad del impacto de la crisis actual en los derechos humanos, que también es un factor desestabilizador preocupante en la región”, aseguró Bachelet.
Afirmó que los derechos económicos y sociales se deterioran “dramáticamente” desde junio de 2018. Señaló a los niños, mujeres embarazadas, ancianos y los pueblos indígenas como las poblaciones particularmente afectadas.
“Las condiciones de vida extremas obligaron a un número significativo de pueblos indígenas Warao a cruzar la frontera hacia Brasil en busca de alimentos, atención médica y otros servicios básicos”, detalló.
Destacó que las medidas empleadas por el Gobierno venezolano para solventar problemas como la falta de alimentos y la obtención de otros servicios esenciales no funcionan porque las mismas autoridades no reconocen que tienen un problema, según reseñó el periodista Gabriel Bastidas.
“El fracaso de los programas de alimentación escolar y la ausencia de profesores, que han emigrado, han hecho que un millón de niños dejen de asistir a las escuelas en Venezuela”, dijo la alta comisionada.
Sin información al respecto
Manifestó que el reciente apagón eléctrico que afectó a todo el país “exacerbó” la situación porque redujo aún más el acceso de las personas a los alimentos, el agua y los medicamentos, además afectó “gravemente” a los hospitales.
“Aún no se conoce la magnitud del daño y el número de víctimas directas, pero el apagón inusualmente largo encarna los desafíos de infraestructura que enfrenta Venezuela”, añadió Bachelet, quien advirtió que “el sistema de salud continúa deteriorándose”.
Bachelet aprovechó la oportunidad para pedir que no haya represalias contra las personas que hayan hablado con la misión técnica de la ONU en Venezuela.
Informó que en protestas de 2019 en Venezuela documentaron numerosas violaciones de DDHH perpetradas por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales. Entre estas transgresiones destacan asesinatos, detenciones arbitrarias y torturas.
Destacó que se registraron 37 asesinatos por parte de las FAES en enero, y que la oficina de Tarek Wiliam Saab, fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente, se negó a investigar.
Advirtió que autoridades venezolanas aplican “arbitrariamente” la ley contra el odio para imputar a periodistas, dirigentes de la oposición y a cualquiera que exprese opiniones disidentes, lo cual termina por generar autocensura.
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