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Apurado por el desplome de los precios del petróleo y el colapso de la producción de crudo, Nicolás Maduro apuesta al Arco Minero del Orino (AMO), como fórmula para levantar los recursos que escasean en las arcas nacionales. Bajo el esquema de “Empresas Mixtas”, el Gobierno terminó pactando con compañías poco conocidas en la industria extractivitas como Corporación Faoz. Entre las beneficiadas, también figura Gold Reserve, la minera canadiense a la que Hugo Chávez expulsó de Venezuela años atrás. La filtración de Paradise Papers muestra que tanto la una como la otra, registraron sociedades en ese paraíso fiscal llamado Barbados, según un reportaje publicado en Armando.Info por Roberto Deniz.
Por alguna razón, no del todo clara, la explotación en un área de casi 112 mil kilómetros cuadrados al norte del estado Bolívar y al sur del Rio Orinoco, de acuerdo al decreto presidencial con el que el Gobierno pretende suplir el declive de los precios petroleros y el desplome de la producción de crudo, terminaron ligadas a empresas registradas en el pequeño paraíso fiscal. Es el caso de la corporación Faoz, una desconocida compañía venezolana que en 2016 firmó un acuerdo con el ejecutivo para la explotación de coltán, un mineral estratégico conocido como “oro azul” y anhelado por la industria de las telecomunicaciones.
La filtración Paradise Papers, que contiene millones de documentos provenientes del bufete Appleby en las Bermudas y de registros mercantiles de varios paraísos fiscales obtenidos por el diario alemán Suddeutsche Zeitung y compartidos mediante el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, permite conocer que el 13 de mayo de 2013 la empresa había creado una sociedad homónima en Barbados, como si anticipara lo que vendría.
Triangulación llamativa
En 2016, representantes de la compañía firmaron un acuerdo con el Gobierno, representado por el entonces ministro para el desarrollo minero ecológico, Roberto Mirabal. Allí nació la Sociedad Empresa Mixta Minera Ecosocialista Parguaza (Emmepsa), cuyo 55 por ciento de capital accionario pertenece a la Corporación Venezolana de Minera y el restante 45 por ciento, a Corporación Faoz. Una resolución del ministerio determinó que la flamante empresa mixta tendría derecho a la “exploración y explotación de minas y yacimientos de coltán, estaño, cuarzo, granito, diamante, oro, entre otros”. De acuerdo a documentos oficiales, a la corporación apenas le bastó inyectar 450 mil bolívares, 45 por ciento del capital accionario de la empresa mixta, para entrar en el negocio.
Llama la atención que la empresa cambio de nombre apenas días antes de cerrar el acuerdo con el Gobierno venezolano para entrar en el Arco Minero. También está relacionada con otra empresa minera que sello convenios con el Gobierno Nacional y según un reportaje de Efecto Cocuyo, ambas tenían la misma oficina en la zona de El Rosal en Caracas.
La prisa, que desde el año pasado muestra el presidente maduro por la explotación de una de las zonas naturales más importantes de Venezuela ha sido cuestionada fervientemente por movimientos ecologistas y por ex funcionarios del ejecutivo, quienes han intentado infructuosamente ante el Tribunal Supremo de Justicia acciones legales contra los decretos asociados al AMO.
La minera canadiense Gold Reserve, expulsada de Venezuela a la cual tendrá que indemnizársele por poco más de 700 millones de dólares, también acudió al paraíso fiscal y pacto nuevamente con el gobierno venezolano.