“Lo que busca esa sentencia es desconocer la inmunidad parlamentaria y defenderse del pueblo que quiere elecciones”, aseguró Stalin González, jefe del bloque parlamentario opositor
La bancada parlamentaria de la Mesa de la Unidad fijó posición sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ordena al presidente Nicolás Maduro revisar la política exterior del país; a tomar las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales para evitar un estado de conmoción; y define límites de la inmunidad parlamentaria.
Stalin González, jefe del bloque parlamentario, advirtió que el fallo de la Sala Constitucional le da poderes al jefe de Estado en materia legislativa.
“Lo que busca esa sentencia es desconocer la inmunidad parlamentaria y defenderse del pueblo que quiere elecciones. El Gobierno con la nueva sentencia del TSJ pretende quitarnos la inmunidad parlamentaria a los diputados, pues irán a meter presos a los 30 millones de venezolanos”, dijo el diputado en una rueda de prensa desde la sede de la Asamblea Nacional.
Resaltó que el Ejecutivo teme lo que va a ocurrir hoy en la OEA, donde se discutirá la situación venezolana y la posible aplicación de la Carta Democrática, “porque sabe que el mundo tiene la vista fija en esta Venezuela sin democracia”.
Julio Borges, presidente de la AN, aseveró que este documento busca de manera “delictiva” desconocer la inmunidad parlamentaria de los diputados a la Asamblea Nacional y ratificó que desde el Poder Legislativo seguirán construyendo los escenarios para fijar un cronograma electoral.
Aseveró que la “única conmoción interna que teme Nicolás Maduro son unas elecciones en el país” y denunció que todos estas disposiciones y sentencias son “atropellos ilegales que está utilizando para defenderse del voto de los venezolanos, porque lo que está claro es que el verdadero miedo de Nicolás Maduro es una elección, por eso usa las instituciones del Estados para evitarlas”.
Borges señaló que esta medida tomada por el TSJ es consecuencia del reciente acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados sobre la reactivación de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA).