El canciller Yván Gil cuestionó este lunes 13 de mayo la decisión de la Unión Europea (UE) de suspender, de manera temporal y “engañosa”, las restricciones de viaje impuestas a Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), y tres de sus antiguos miembros, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.
“Hoy vemos cómo la Unión Europea reedita sanciones en contra de una serie de funcionarios venezolanos, agrediendo, precisamente, lo que es la soberanía, la independencia, la libre autodeterminación, (…) y, de manera engañosa, sacan de la lista de sancionados a algunos miembros del Consejo Nacional Electoral para enviar supuestamente una señal de buena fe o de alivio”, señaló el también ministro de Exteriores.
En nombre del gobierno de Nicolás Maduro, Gil rechazó “esa posición”. “No se puede decir: ‘Sanciono a estos funcionarios y a estos no’”, expresó durante una reunión del Grupo de Amigos de la Carta de las Naciones Unidas, en Caracas.
A su juicio, las sanciones “no deben existir” porque “son ilegales” e “ilegítimas”, razón por la que reiteró su rechazo a “cualquier” medida de este tipo. Afirmó que quien la aplique contra el país o “cualquiera de los países miembros del sistema de Naciones Unidas” es un “actor hostil”.
Según Peter Stano, portavoz comunitario de Exteriores, con ese alivio temporal de sanciones a ese grupo de funcionarios venezolanos, la UE reconoce “los recientes pasos alentadores” y reafirma su “compromiso y apoyo para el buen desarrollo del proceso electoral” presidencial.
La UE, que fue invitada a observar los venideros comicios, “seguirá cooperando estrechamente con el Consejo Nacional Electoral con vistas al posible despliegue de una misión de observación electoral que proporcione una evaluación independiente e imparcial del proceso”, aseguró la fuente.
Con el mismo objetivo de respaldar la vía electoral en la nación suramericana, el Consejo de la UE también decidió este lunes prorrogar excepcionalmente las medidas restrictivas al país por un período más corto, hasta el 10 de enero de 2025, fecha constitucionalmente establecida para la toma de posesión del presidente electo.
La UE no aplica sanciones económicas a empresas estatales ni bienes públicos de Venezuela que puedan perjudicar a los ciudadanos, sino que, como recordó el portavoz, “se dirigen exclusivamente a una lista limitada de personas” a título individual y sin efectos sobre el país.
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julio 2, 2024
