Destacó que con procesamientos judiciales por esto, el "Gobierno busca intimidar", violentando el derecho a la libre expresión. Aseguró que tratar de inhibir a las personas, se convirtió en una "práctica de terrorismo de Estado"
El caso trascendió de tal forma que el presidente Nicolás Maduro solicitó procesar judicialmente a los implicados. Al otro día, cerraron el negocio donde ocurrió el hecho. Estas fueron las repercusiones luego de que un grupo de personas rodearan a Socorro Hernández, rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), en un supermercado en Caracas. No la agredieron físicamente, sino que le gritaron "ladrona", "vete del país" y "sinvergüenza". El Ejecutivo los señala por crimen de odio. El Ministerio Público (MP) designó un fiscal por lo sucedido y el debate se enciende de parte de analistas que aseveran que no hay delito y que se trata de un nivel de radicalismo con el que el Gobierno busca intimidar el reclamo de la ciudadanía. Otros afirman que improperios como estos deben ser sancionados.
"Ellos son funcionarios públicos y como tal están sujetos al repudio y rechazo de la opinión pública en general. Eso pasa en todas partes. Las personas que ejercieron este repudio no deben ser sometidas a ningún proceso judicial. No hay crimen de odio porque no hubo agresión física y la presunta víctima no es rechazada por su clase social, religión o raza. Tampoco hay difamación, injuria o calumnia porque no es una acción individual, sino colectiva", declaró Inti Rodríguez, miembro del equipo de investigación de Provea.
Destacó que con procesamientos judiciales por esto, el "Gobierno busca intimidar", violentando el derecho a la libre expresión. Aseguró que tratar de inhibir a las personas, se convirtió en una "práctica de terrorismo de Estado". Además, acentuó que los dueños del local, no tienen capacidad para controlar a la gente de modo que no griten. Considera fuera de lugar que lo cierren por esta razón.
Hernán Castillo, profesor de posgrado de Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar, refirió que la acción denota el sentir de una sociedad que reclama sus derechos. "Expresan su protesta de cualquier forma. Reaccionan por el maltrato del CNE, pero no se permite ningún tipo de expresión contra el Gobierno. Probablemente vengan expresiones más fuertes", dijo.
Oscar Bravo, politólogo, expuso que los llamados a desobediencia civil generan actitudes violentas como los "crímenes de odio". "Estos terribles delitos deben ser castigados de manera ejemplarizante. Hay que rechazar y evitar que estas actitudes de desprecio y odio a los que piensan de manera diferente a uno, se instalen en la cultura nacional". A lo que Castillo agrega ¿Qué pasa ante los atropellos con los que el CNE somete a la sociedad?". De ser así, recalca que el reclamo cívico sería válido.
¿Qué es crimen de odio?
"Tiene lugar cuando una persona ataca a otra motivada exclusivamente por su pertenencia a un determinado grupo social, según su edad, sexo, identidad de género humano, religión, raza, etnia, nivel socio-económico, nacionalidad, ideología o afiliación política, discapacidad u orientación sexual".