Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos indicó que en los espacios que intervino recientemente el Gobierno se “realizan importantes actividades comerciales e industriales para el transporte y la distribución de sus alimentos y bebidas a la Gran Caracas y zonas aledañas”
La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) rechazó hoy la medida de desalojo de una planta de distribución que sirve a empresas como Polar, Nestlé, Cargill y Pepsi Cola, y alertó sobre las "implicaciones" que puede tener en el abastecimiento y la "soberanía alimentaria".
"Cavidea expresa preocupación por el riesgo que corre la estabilidad laboral de miles de venezolanos, y alerta acerca de las implicaciones que una medida como esta tiene sobre el normal abastecimiento de alimentos en la ciudad capital y zonas cercanas", dijo la cámara en un comunicado publicado hoy.
Según esta institución, el desalojo de estas instalaciones afectaría los empleos directos de unas mil 500 personas y los ingresos por empleos indirectos de otras cuatro mil.
La cámara señala, además, que estos son "espacios desde donde se realizan importantes actividades comerciales e industriales para el transporte y la distribución de sus alimentos y bebidas a la Gran Caracas y zonas aledañas".
En el escrito, Cavidea también señala que la medida de ocupación atenta "contra la soberanía alimentaria de los venezolanos", pues afecta directamente la operación logística de distribución de alimentos y bebidas, "que es la que permite hacer llegar de manera eficiente los productos a los puntos de venta".
La cámara de alimentos apunta que expropiar y ocupar instalaciones industriales activas "no contribuye con la confianza y la seguridad necesaria para que la empresa privada siga fortaleciendo la producción nacional".
"El proyecto no fue solamente para la zona en la que estamos nosotros, sino que involucra a ocho o diez galpones más, entre ellos Coca Cola, que anoche (miércoles) les notificaron y ellos desalojaron, Cargill, el Banco Provincial, lo que abarca más o menos unas 140 hectáreas de terreno", añadió.
La medida ha generado el rechazo de sectores de la oposición que han considerado que el procedimiento es una "expropiación" que además se realiza precisamente cuando el país atraviesa una crisis de abastecimiento y escasez de productos básicos, incluyendo alimentos esenciales.