Los estados andinos se vieron muy afectados en 2022, pero el Zulia es la entidad que “no ha salido del reinado” con más fallas de todo el territorio, según el Comité de Usuarios por los Apagones
Nicolás Maduro prometió, a comienzos de 2022, que al cerrar el año todas las familias venezolanas tendrían electricidad y agua constante, mientras que en agosto aseguró que su gobierno debía dar “respuestas claras a los problemas de las comunidades”, ratificando su compromiso de optimizar los servicios públicos. Hasta la fecha, esto sigue siendo solo una promesa.
El aumento de las tarifas no generó una mejora de los servicios públicos, los cuales siguen presentando constantes fallas que afectan de múltiples formas a la población, según investigación de Tal Cual, ese incremento tarifario no va en concordancia con una mejora de los servicios.
“Hemos tenido que parir para obtener los repuestos para arreglar los sistemas. 31 de diciembre una meta, el 100 % de la solución de averías en tuberías de agua (…) Aunque dejemos el pellejo. Hemos atendido 60 % de los casos”, dijo el oficialista el 18 de agosto durante una transmisión por VTV.
En su meta de llevar el agua potable al 100 % de los hogares para finales de 2022, Maduro indicó que la solución vendría en la resolución de las averías de todo el sistema de distribución. Mientras que el ministro de Atención de las Aguas, general Rodolfo Marco Torres enfatizó en “que llueva, truene o relampaguee, esa meta la vamos a cumplir, estamos trabajando para ello”.
También el ministro de Energía Eléctrica, general Néstor Reverol, se propuso resolver 100 % de los problemas de electricidad. “Se ha hecho seguimiento a los reportes de fallas de los servicios públicos, así como la meta de cumplimiento de sus soluciones”.
Asimismo, Reverol enfatizó en que “se han resuelto el 60 % de los casos de averías de agua potable (…) También estamos preparando los planes para resolver el 100 % de los problemas eléctricos”.
Resultados de las promesas a días de terminar el 2022
A pocos días de terminar el año, las protestas por la falta de servicios públicos continúan. Barrios y urbanizaciones enteras en varias regiones del país aún tiene varios años sin luz o agua, mientras que los cortes de energía y racionamiento continúan.
Aixa López, representante del Comité de Usuarios por los Apagones, indicó que casi 200.000 fallas eléctricas ocurrieron en Venezuela en 2022. Aseguró que el corte del servicio por racionamiento se debe a que de los 36.000 megavatios instalados del Servicio Eléctrico Nacional (SEN) solo funciona la mitad.
La cifra de fallas de este año representa un aumento del 13,9 % respecto al mismo período de 2021, cuando se computaron 175.399 cortes eléctricos en los 23 estados.
López advirtió que los estados andinos se han visto muy afectados en 2022, pero que Zulia es la entidad que “no ha salido del reinado” con más fallas de todo el territorio.
El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) señaló, tras un reciente informe, que la opinión negativa sobre la calidad del servicio de energía eléctrica en los hogares empeoró este año, cuando alcanzó 47,1 % en febrero mientras que en el segundo trimestre, este valor ascendió a 62,4 %.
“Las urbes del occidente como San Cristóbal y Mérida se han mantenido entre los porcentajes más elevados de apreciación negativa del servicio eléctrico con algunas excepciones donde Porlamar se posicionó en los primeros lugares, según la percepción ciudadana”, acotó el OVSP.
En su último reporte del 15 de diciembre se destaca, entre muchos otros, que Maracaibo y otras zonas del estado Zulia presentaron fallas eléctricas, que la comunidad Los Samanes en Maracay no contaba con servicio de agua por tuberías, electricidad y alumbrado público. Mientras que los habitantes del sector El Pinar en Cumaná protestaron por un desbordamiento de aguas servidas.
Centralización y obras inconclusas
La estatización de las empresas privadas que prestaban servicios públicos como CANTV y la Electricidad de Caracas consistía en descongestionar la toma de decisiones desde el alto Poder Ejecutivo.
El proceso de descentralización en Venezuela comenzó en el año 1989 con la participación de los venezolanos en la escogencia de sus gobernadores y alcaldes. La presencia de los líderes regionales más las distintas empresas que prestaban un servicio público, en cada estado contribuyeron a la optimización de la toma de políticas públicas.
No obstante, con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 se llevó a cabo un proceso de nacionalización que generó luego serias consecuencias. Un informe de la ONG Transparencia Venezuela recuerda que en 2017 ya el Estado contaba con 503 empresas, de las cuales 70 % se crearon o estatizaron en su gobierno.
Años más tarde, luego de no haberse aprovechado la inmensa cantidad de recursos provenientes del petróleo que sumó casi 1 billón de dólares en un período de 10 años durante la gestión de Chávez, los recursos perdidos por irregularidades y corrupción, así como su desvío por motivos políticos, llegó el colapso de la infraestructura de todos los servicios públicos.
“Venezuela presenta una cantidad importante de obras de infraestructura bajo la responsabilidad del Estado, cuyo proceso constructivo se encuentra paralizado o con muy fuertes retrasos en su ejecución, a causa mayormente de falta de recursos financieros y proyectos mal formulados”, se indicó en un informe de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat.
Promesas y obras en el olvido
El documento de la ONG Transparencia Venezuela resaltó también que entre otros proyectos, son significativos los olvidos en la infraestructura de servicios como transporte y comunicaciones, agua y saneamiento, generación y distribución de electricidad.
Muchas de las obras inconclusas están relacionadas con la infraestructura de agua y electricidad, entre ellos, el Proyecto Central Termoeléctrica Termo Zulia III (Ciclo Combinado), el Proyecto Central Termoeléctrica de Bachaquero en Zulia; Sistema Tuy IV–Embalse de Cuira, Embalse Puerto Maya, Embalse Dos Bocas.
También están el Programa de Rehabilitación y Optimización de las Plantas Mayores de Potabilización de Agua en Venezuela; Proyecto Yacambú Quíbor (obras de embalse), el Proyecto Gas Anaco Fase II y Construcción de cinco centros operativos, la Central Hidroeléctrica Tocoma, el Proyecto Parque Eólico Paraguaná, entre otros.
Las constantes fallas de los servicios públicos hizo que la administración de Nicolás Maduro dejara a un lado la política del chavismo de obviar al sector privado en la solución de los problemas del país.
Es por ello que en los últimos dos a tres años se ha permitido que empresas no estatales puedan proveer de los servicios de agua, electricidad, aseo urbano y telecomunicaciones, principalmente. Como una especie de privatización, más empresas aparecen como salvavidas y hasta forman gremios.
Para Adriana Jiménez, profesora del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), las asociaciones permiten incorporar financiamiento privado a proyectos de infraestructura para mejorar servicios públicos. Sin embargo, este no ha sido el caso venezolano.
A pesar de que la administración de Maduro optó por dejar hacer a las empresas privadas en este terreno de ofrecer servicios, hizo poco para ejecutar los planes de recuperación que requiere la infraestructura física del país, debido a la falta de inversión en su mantenimiento.
En su lugar, se limitó a poner en práctica varias acciones que han sido calificadas de “cosméticas” y para las cuales activó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), a las llamadas Bricomiles (Brigadas Comunitarias Militares), los consejos comunales, el Movimiento Somos Venezuela, el Movimiento Bolivariano de Familias y organizaciones estudiantiles, entre otros.
Mientras, continúa la percepción de los venezolanos de que no hay un panorama claro en la solución de los servicios públicos y que cada día ven cómo merma su calidad de vida.
Fuente: Tal Cual
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enero 4, 2025 - 12:14 pm
