Es el momento de que cese esa medida y la municipal le sea devuelta a la Alcaldía de Maracaibo. Tiempo para sanearla, han tenido de sobra, si en verdad era esa la intención
Casi año y medio ha transcurrido de la intervención política, así el régimen niegue esa causa, de la Policía municipal de Maracaibo, sin que hasta la fecha el Gobierno haya tomado decisiones en torno a un asunto tan delicado como es la seguridad de las personas y de sus bienes, que en nuestro país es de tales magnitudes que ocupamos primeros lugares en violencia criminal y contra la propiedad en el continente y en el mundo.
Se trató de un decreto de intervención desde el Ministerio del Interior, Justicia y Paz y publicado en la Gaceta Oficial N° 40.608, el cual creaba una comisión a cuya cabeza estaba Freddy Bernal, presidente de la Comisión presidencial para la Reforma Policial. La razón: presuntos delitos cometidos por funcionarios. Y uno se pregunta: ¿por qué no intervienen la mismísima Policía Nacional y la Guardia Nacional, cuyos integrantes a cada rato aparecen involucrados en distintos tipos de crímenes que van desde asesinatos hasta extorsiones y secuestros de ciudadanos?.
Bernal pretendió negar lo que todo el mundo sabía al afirmar: “Lo primero que hay que decir es que esto no se trata de una retaliación política”.
Claro que sí fue una revancha, porque se trataba de despojar a la alcaldesa opositora del organismo que le permitía actuar en defensa y resguardo de los intereses de la colectividad, cumpliendo con una ofensiva política del régimen de tratar de cercar a los mandatarios municipales adversos por las distintas vías posibles.
En tiempos de Giancarlo Di Martino como alcalde hubo denuncias al mayor y al detal sobre los vínculos de la Municipal con las narcoguerrillas colombianas, y célebre fue el caso del bandolero conocido con el remoquete de “petróleo” y no pasó nada.
Lo cierto es que a la alcaldesa Eveling Trejo de Rosales le han quitado las facultades sobre la Policía Municipal y no puede actuar, entre otras cosas, contra la anarquía que reina en el transporte colectivo de Maracaibo, con violaciones a los aumentos de tarifas aprobados, cortes de las rutas hasta en tres secciones por parte de conductores de por puesto, ocasionándole graves daños a la economía de las personas más necesitadas que utilizan estos medios para trasladarse a sus trabajos y viceversa. Igual violan la atención preferencial a los estudiantes.
El 8 de julio del 2016 fue extendida por quinta vez la medida sobre Polimaracaibo. Si entonces se justificó la intervención, ya es el momento de que cese esa medida y la municipal le sea devuelta a la Alcaldía de Maracaibo. Tiempo para sanearla, han tenido de sobra, si en verdad era esa la intención