No es posible que se autorice a un régimen a pasar por encima de la Asamblea Nacional, desconociendo la institucionalidad del Parlamento
El decreto de emergencia económica aprobado por el régimen de Maduro, es una iniciativa más para neutralizar al Poder Legislativo, en las funciones de legislación y control, después de los resultados del 6-D. En Venezuela, no existe ninguna “situación excepcional, extraordinaria y coyuntural” en la economía, como para enfrentarla a través de un estado de excepción. Lo que existe es una crisis estructural que se ha agravado por la aplicación desacertada de un modelo económico fracasado en todas sus experiencias históricas. Si existía tal “emergencia”, ¿por qué no se presentó este decreto en el curso de los años 2014 o 2015? ¿Por qué se dieron cuenta de ella, cuando la oposición obtuvo los dos tercios de los votos en el Poder Legislativo?. El decreto aprobado por el Ejecutivo es una verdadera Ley Habilitante, para seguir haciendo lo mismo que ha fracasado. Su amplitud es inconcebible, pues podrían dictarse “medidas de orden social, económico o político que estime conveniente “el régimen, al margen de las garantías constitucionales. Los venezolanos, al rechazar el modelo económico vigente el 6-D, no podrían entender que se autorizara al régimen a radicalizar lo que viene haciendo cada vez peor.
Es inconcebible, que el régimen pretenda que todo el peso del ajuste necesario, recaiga solo sobre los ciudadanos y el sector privado y no sobre el sector público, responsable de la crisis que sufrimos. No es posible que se autorice a un régimen a pasar por encima de la Asamblea Nacional, desconociendo la institucionalidad del Parlamento. Además, ¿si en tanto tiempo y condiciones favorables el régimen no pudo detener la inflación, la escasez, el desempleo, la pobreza y generar crecimiento, lo va a poder hacer en 60 días?
Ese decreto a nuestro juicio debe ser negado por la Asamblea Nacional, pues no enfrenta las causas de la crisis que padecemos. Lo que hay que exigirle al régimen, es que no pierda más tiempo en el diseño e implementación de una política económica de consenso y a mediano plazo, que enfrente adecuadamente la grave situación de la economía, respetando las garantías económicas. A un régimen de probada ineficiencia, no se le puede dar un cheque en blanco (o en rojo), para que el Socialismo del siglo XXI continúe destruyendo la economía. Tan sencillo como eso.