La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recuerda a la República de Venezuela que el ejercicio de la protesta social y la libertad de expresión son “valores fundamentales” en cualquier sociedad democrática.
Desde el 10 enero, la crisis en Venezuela ha cobrado nuevas dimensiones. Ese día, Nicolás Maduro juró un nuevo mandato luego de ser proclamado en elecciones realizadas sin las mínimas garantías para ser consideradas libres y justas, como fuera señalado por la CIDH, y declaradas carentes de legitimidad por la OEA, la Unión Europea, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y el Grupo de Lima.
La toma de posesión se llevó a cabo en la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y no en la Asamblea Nacional (AN) de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política. La AN se declaró en emergencia ante lo que consideró una usurpación del cargo de presidente de la República, y realizó un llamado a la restitución del hilo constitucional.
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La CIDH reitera que el Estado debe abstenerse de cualquier acción que restrinja el ejercicio de la libertad de expresión, y debe facilitar el ejercicio del derecho a la protesta social. La represión de la protesta social mediante el uso excesivo de la fuerza, así como el bloqueo o suspensión de sitios web, plataformas y aplicaciones de Internet pueden conllevar a graves violaciones al derecho a la vida e integridad personal y constituir serias restricciones a la libertad de asociación, el derecho a la manifestación pública y a la libertad de expresión. Las manifestaciones y protestas en reclamo de democracia y la satisfacción de necesidades básicas de la población, constituyen un ejercicio legítimo de derechos.