La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este martes 4 de marzo una resolución a través de la cual otorgó medidas cautelares a favor de Carlos Marcelino Chancellor Ferrer, exalcalde del municipio Sifontes, en el estado Bolívar, tras considerar que se encuentra en “situación de gravedad y urgencia”.
El organismo ratificó que sus “derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable” en el país.
El dirigente opositor, de 65 años, está detenido “desde el 6 de agosto de 2024” y a la fecha “permanecería sin acceso a atención médica a pesar de contar con diversas patologías crónicas”.
La CIDH explicó que el “defensor público impuesto por el Estado” no suministra “la información suficiente sobre el beneficiario, lo que impide a sus familiares iniciar acciones correspondientes para su defensa y protección” y que el gobierno de Nicolás Maduro “no proporciona información a la CIDH”.
La institución pidió que el Gobierno nacional “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Carlos Chancellor”.
Exhortó que el Estado “implemente las medidas suficientes para asegurar que las condiciones de detención del beneficiario sean compatibles con los estándares internacionales aplicables”.
Solicitó que se realice “una valoración médica sobre su salud” y que se garantice “el acceso a la atención médica necesaria”.
Exigió que se facilite el contacto “con su abogado de confianza, dándole acceso al expediente e informando la representación de las razones por las que Chancellor sigue privado de libertad”.
Chancellor, cuatro veces alcalde del municipio Sifontes y padre del jugador de la Vinotinto, Jhon Chancellor, fue detenido en un puesto de control vial en Anzoátegui cuando se dirigía a visitar a su familia.
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