La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este miércoles 20 de agosto que otorgó medidas cautelares a los presos políticos Rafael Arturo Ramírez Colina, exalcalde de Maracaibo, y a Pedro Miguel Guanipa Villalobos, jefe del despacho de la municipalidad por estar “en situación de gravedad y urgencia”.
El organismo aseveró que otorgó las medidas “en base a la Resolución 56-2025”, fechada del pasado viernes 15 de agosto.
Alertó que los políticos zulianos “están en una situación de gravedad y urgencia” pues “sus derechos a la vida, integridad personal y salud se encuentran en riesgo de daño irreparable” en el país.
Los integrantes de Primero Justicia Zulia (PJ Zulia) se encuentran “privados de libertad en situación de aislamiento e incomunicación, sin información sobre su estado de salud ni condiciones de detención”.
La organización advirtió que el “Estado venezolano” no proporcionó “información” sobre los presos políticos.
“La Comisión observa que existe la inminente posibilidad de que se materialice el riesgo en el actual contexto del país”, señala el comunicado.
Expresó que esto se debe “dada su condición de privación de libertad, la falta de comunicación con sus familiares, la ausencia de información oficial sobre las condiciones de su detención y estado de salud, así como la imposibilidad de solicitar medidas de protección a su favor ante las instancias internas”.
La institución relató que no cuenta “con información del Estado” que permita “apreciar las acciones que se estarían tomando para atender o bien mitigar la situación de riesgo de los beneficiarios”.
Solicitó al Gobierno de Nicolás Maduro que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias”.
Pidió que ejecute “las medidas suficientes para asegurar que sus condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales aplicables”.
Exhortó facilitar “el contacto con sus familiares, representantes y abogados de confianza, dándoles pleno acceso al expediente judicial”.
Instó que “informe de manera oficial sobre la situación jurídica de las personas beneficiarias en el marco del proceso penal en el que estarían involucradas”.
Exigió que “realice de inmediato una valoración médica sobre sus situaciones de salud y se garantice acceso a atención y tratamiento médico necesarios”.
Requirió que implemente “las medidas necesarias para que las personas beneficiarias puedan desarrollar sus actividades como dirigentes políticos de oposición sin ser objeto de amenazas, hostigamientos, intimidaciones o actos de violencia”.
Demandó que se concierte “las medidas a implementarse con las personas beneficiarias y sus representantes” y que informe “sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición”.
Rafael Ramírez, junto con Betty Ramos, Margarita Assenza y David Barroso quedaron detenidos el pasado 1 de octubre del 2024 por presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en la sede de la Alcaldía, localizada en el casco central de la ciudad.
Barroso fungía como director general de Seguridad Ciudadana del municipio, Assenza trabajó como directora general de la Secretaría Privada del alcalde y Ramos era la directora de la Alcaldía.
Por su parte, Pedro Guanipa, también vicepresidente de Primero Justicia (PJ) en el Zulia, fue arrestado el 26 de septiembre en el aeropuerto mientras se disponía a viajar a Bogotá, Colombia.
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