El comisionado (concejal) del condado Miami-Dade (Florida, EEUU) Esteban Bovo Jr. pidió que se investiguen todos los contratos que el gobierno municipal ha suscrito con la brasileña Odebrecht, tras darse a conocer proyectos millonarios de la constructora en Cuba.
El comisionado (concejal) del condado Miami-Dade (Florida, EEUU) Esteban Bovo Jr. pidió que se investiguen todos los contratos que el gobierno municipal ha suscrito con la brasileña Odebrecht, tras darse a conocer proyectos millonarios de la constructora en Cuba.
El comisionado manifestó en un comunicado difundido por su oficina que desde que asumió el cargo en 2012 ha expresado de manera continua su rechazo a que este condado del sur de Florida, el más poblado del estado, haya cerrado contratos con la firma, envuelta en un escándalo de pago de sobornos en países de América y África.
Odebrecht, dijo Bovo Jr., es “una entidad que antepone su interés económico a la libertad y los derechos humanos, como lo demuestra su colaboración con el régimen de Castro”.
Esta semana, el diario Miami Herald publicó un reportaje en el que desveló que entre los años 2010 y 2015 se hicieron pagos millonarios sin explicación para proyectos en Cuba, entre ellos la modernización del puerto de Mariel, al oeste de La Habana, y la ampliación de dos aeropuertos.
Los desembolsos se hicieron, al igual que en Venezuela, Ecuador, Perú y otros países de América Latina a través de empresas fantasmas controladas por la constructora brasilera.
Odebrecht tiene en desarrollo proyectos de gran envergadura en el condado de Miami Dade, entre ellos la modernización de un tramo de casi 5 millas (unos 8 kilómetros) de la autopista 836, que cruza de este a oeste, y otro en el Puerto de Miami.
Tras el reciente artículo del diario “sobre la participación de Odebrecht en la dictadura cubana”, Bovo Jr. afirmó que acoge “con beneplácito una investigación sobre las prácticas comerciales de la compañía a nivel local”.
El comisionado patrocinó en 2012 una cuestión no vinculante en la papeleta de votación de la elecciones general de 2012, en la que preguntó a los electores si estaban de acuerdo en que se prohíba el uso de dinero público “para adquirir servicios y proyectos de compañías que hacen negocios activamente con patrocinadores estatales de terrorismo”.
La pregunta obtuvo un 62,4 % de votos a favor, recuerda el comisionado.
diciembre 8, 2024
