La presencia de las máquinas de la misión Vivienda anuncia una construcción en los terrenos propiedad del urbanismo, que según Ada Raffalli, presidenta de la Comisión de Urbanismo del Concejo Municipal, violenta todas las normas urbanísticas posibles
Los concejales del municipio Maracaibo discutieron el caso de la presunta invasión del terreno ubicado en Villa San José, en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, a petición de los miembros de Asociaco, la organización que denuncia la ocupación.
La presencia de las máquinas de la misión Vivienda anuncia una construcción en los terrenos propiedad del urbanismo, que según Ada Raffalli, concejala y presidenta de la Comisión de Urbanismo del Concejo Municipal, violenta todas las normas urbanísticas posibles.
El terreno de seis mil metros cuadrados destinado a la realización de un centro comercial es propiedad de los 254 socios de la villa. Maryoreth Bozo, presidenta de Asociaco, asegura que actualizaron las firmas de más de 65 por ciento de los propietarios, quienes expresaron su desacuerdo con la obra y planean agotar todas las instancias legales.
El derecho a la propiedad privada representa una de las razones por las que los vecinos se dirigieron a la Gobernación del Zulia. La entidad los remitió a la Procuraduría, donde aún no reciben respuesta de Víctor Padrón, director de las obras de la misión Vivienda.
El consejo comunal de Villa San José asegura que 112 miembros de la comunidad firmaron a favor de la construcción, por lo que consideran que el proyecto se maneja “con la legalidad posible”. Pero Bozo indica que no se realizó el procedimiento adecuado para aprobar el proyecto de la misión Vivienda: “Aquí no hubo una asamblea como tal, como la dirige Asociaco, que es la propietaria del terreno”.
Jesús Lizardo, copropietario, expresa contundentemente su oposición al plan: “Quienes detentan la cualidad de miembros del consejo comunal no son copropietarios del terreno”. Enfatiza que no puede permitir que personas ajenas a la comunidad propietaria del terreno tome este tipo de decisiones.
Para Marni Gamez, concejal por el PSUV, el planteamiento de los miembros de la asociación está “fuera de orden”: “Esto es respuesta para el pueblo, respuesta para las comunidades y familias que están necesitadas de casa. Entonces no se entiende, ni lavan ni prestan la batea, nosotros sí lavamos y prestamos la batea”.