Según se pudo establecer durante el juicio, los abusos los cometía desde que la adolescente tenía 12 años. Para que guardara silencio, la amenaza de muerte con un arma de fuego
Un hombre de nacionalidad venezolana y 45 años de edad, identificado como O. A. Crispin M., fue condenado a 14 años y ocho meses de prisión, producto de la acusación efectuada por el Ministerio Público, por su responsabilidad en el abuso sexual de su hijastra de 15 años de edad.
Cansada de padecer la situación, la víctima se atrevió a sacar a la luz el calvario que padecía, el 18 de agosto de 2020, en plena pandemia, ante la Policía del estado Táchira –Politáchira-.
De acuerdo con boletín del Ministerio Público, durante el citado día, la adolescente acudió ante el referido cuerpo policial, con el fin de interponer una denuncia en contra de su padrastro.
Aseguró que desde que tenía 12 años de edad, el hombre comenzó a abusarla. Además, que la amenazaba de muerte con un arma de fuego, para obligarla a guardar silencio. Subrayó que lo mismo hacía con su madre.
Tras las pruebas forenses correspondientes que corroboraron lo relatado por la jovencita, una comisión de la policía regional se dirigió a su domicilio, ubicado en el sector Tesoros de Navay, perteneciente a la parroquia Capital Abejales del municipio Libertador, zona sur del estado Táchira.
Tomando en cuenta los protocolos de ley, lo aprehendieron y dejaron a disposición de la Fiscalía correspondiente del Ministerio Público, con competencia en la entidad andina, para la judicialización del caso.
En el juicio, la Fiscalía 22ª de Táchira, ratificó la acusación en contra de Crispin M. por la comisión de abuso sexual a adolescente, con penetración continuado. Además fue imputado por porte ilícito de arma de fuego.
Una vez evacuados los órganos de prueba por parte de la representación fiscal, y escuchada la admisión de los hechos por parte del acusado, el Tribunal de Juicio con Competencia en Violencia Contra la Mujer en esa entidad andina, dictó la referida condena en contra del acusado. Su reclusión quedó fijada en el Centro Penitenciario de Occidente –CPO- ubicado en Santa Ana.
Fuente: La Nación
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