Un juez de Curazao condenó por tráfico de personas a una venezolana que orquestó un viaje clandestino en lancha para llevar a su hijo a esa isla. El letrado de la Corte Conjunta, Sigmar Carmelia, impuso una pena de prisión de 90 días, más tres años de libertad bajo palabra, a una venezolana de 25 años de edad, quien intentó reunificarse con su hijo haciéndolo recorrer la misma ruta que ella navegó meses antes para salir del país.
La mujer fue juzgada según lo dispuesto en la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, mejor conocida como Convención de Palermo, que tiene un protocolo específico sobre el tráfico de migrantes.
El fallo del juez Carmelia fue emitido en audiencia en noviembre de 2023. Sin embargo, la decisión correspondiente fue incorporada a los registros del Poder Judicial de la Corte Conjunta del Caribe Neerlandés el 3 de marzo de 2025.
Al día siguiente, 4 de marzo, la Guardia Costera del Caribe Neerlandés rescató a diez venezolanos que se trasladaban de forma ilegal en una lancha que zozobró en aguas curazoleñas. Una de las personas rescatadas falleció y otras 14 que iban a bordo de la embarcación fueron declaradas desaparecidas, incluidos dos menores de edad.
Ochocientos dólares
El infante, actualmente de 7 años de edad, quedó en custodia luego de un procedimiento en el que participaron efectivos de la policía local y la Guardia Costera del Caribe Neerlandés, en las adyacencias de la bahía Fuik.
Este punto al sur de la isla es uno de los más frecuentados por las embarcaciones que llevan a migrantes desde San José de la Costa, una población falconiana a 70 kilómetros de distancia.
El reporte de uno de los funcionarios que participó indica que el niño era apenas un pasajero más del bote peñero que llegó a Fuik aproximadamente a las 6.30 de la mañana.
El rastreo de todos los pasajeros se extendió por varias horas. Muchos de ellos fueron avistados mientras caminaban por trochas, indica una nota informativa divulgada el 7 de septiembre de 2023 por los Guardacostas.
El niño estaba con su padrastro, quien dio los datos necesarios para que ubicaran a la progenitora. El hombre también fue acusado por complicidad en el tráfico de personas.
“La decisión de traer a mi hijo a Curazao fue mía y de mi expareja. Él trajo a mi hijo a Curazao. (…) Se acordó que el cruce de mi hijo a Curazao costaría 800 dólares estadounidenses. (…) Le envié 400 dólares estadounidenses mediante transferencia. Unos 4 o 5 días después de que le envié el dinero, él vino a Curazao con mi hijo”, confesó la mujer.
En otra declaración, el padrastro del niño admitió haber cancelado la mitad del pago exigido por los marineros para hacer el traslado desde Falcón.
Razón humanitaria
En el juicio, la abogada defensora Athena Sulvarán afirmó que la madre venezolana debía ser absuelta, por haber actuado “únicamente por razones humanitarias”.
El juez Carmelia desechó este alegato, indicando que no está suficientemente probado que la mujer y su exesposo no podían acudir a otros procedimientos para llevar a cabo el traslado del niño.
“Está suficientemente claro que la sospechosa ayudó al niño a obtener acceso a Curazao, aunque sabía que su presencia en Curazao era ilegal. Es muy posible que haya querido utilizar este acto para sacar a su hijo menor de edad de las terribles condiciones de vida en Venezuela. Sin embargo, eso no significa que no tuviera otra opción que enviar al niño a un viaje que ponía en peligro su vida y que socavaba los controles fronterizos y la supervisión gubernamental”, razonó el magistrado.
La abogada Sulvarán no contestó un requerimiento de información hecho a través del correo electrónico.
Dos días después del procedimiento en la bahía Fuik, la Fiscalía de Curazao reportó un incremento en el tráfico de personas desde Venezuela. En este mismo sentido se pronunció el Parlamento de la isla.
En su último reporte anual, el Cuerpo de Guardacostas advirtió que la prolongación del conflicto político en el país suramericano podría ocasionar una nueva oleada de migrantes.
Fuente: Crónicas del Caribe
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