Quienes conducen el PSUV y desde allí controlan los poderes distintos a la AN, no han querido entender el mensaje que el pueblo les envió el 6-D
Si hay algún conflicto entre poderes, este fue generado por la Sala Electoral del TSJ, que intenta suspender los efectos de la proclamación de cuatro diputados y menoscaba la opinión de los electores del estado Amazonas. El TSJ se ha convertido en un reducto del PSUV y del Gobierno, lo que desnaturaliza su razón de ser, pero además está integrado por varios magistrados cuya designación está en evaluación, lo que debe ser dilucidado a la brevedad.
Analicemos las dos decisiones de la Sala Electoral. ¿Se imagina que haya una elección presidencial y que un candidato gane con el 48,71 % de los votos y quien llegue en segundo lugar, con 37,43 %, es decir más de 11 puntos de diferencia, vaya al TSJ y este admita un amparo que impide al Presidente electo, ya proclamado por el CNE, juramentarse? ¿Imagina usted ese caos? Eso es lo que pasó con el diputado Romel Guzamana, uno de los cuatro de Amazonas. ¿Dónde queda la soberanía popular? ¿Dónde queda la jurisprudencia de la Sala Constitucional del TSJ, según la cual una decisión como esta “…implicaría subordinar la libre expresión de la voluntad popular a una técnica operativa, tomando en consideración -además- los traumatismos políticos e institucionales que supone la forzosa desincorporación de un funcionario electo...”? Pero peor aún, la segunda sentencia del mismo Tribunal, resuelve que todas las decisiones futuras de la AN son nulas. ¡Tamaña desproporción, ¿Con qué cualidad el TSJ anula a la AN?
Quienes conducen el PSUV y desde allí controlan los poderes distintos a la AN, no han querido entender el mensaje que el pueblo les envió el 6-D. Respeten su decisión y permitan el ejercicio de los 112 diputados de la unidad. Debemos actuar con prudencia y con contundencia, haciendo respetar la soberanía popular.
Mientras tanto, debemos seguir enfocados en nuestro compromiso con el pueblo que sufre la crisis que no está siendo atendida por el Gobierno. Por eso trabajaremos para otorgar la propiedad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, sancionar la ley de impulso a la producción nacional y la ley que otorga el bono de alimentación y medicinas a los pensionados, así como la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. En nuestro caso, se suma la ley del Catatumbo y otras leyes a favor de la descentralización. El país quiere resolver la crisis, atender la inseguridad y gozar de buenos servicios públicos. En ese esfuerzo Venezuela cuenta con nosotros.