Alimentación, contrabando, deficiencias en servicios públicos y seguridad ronda la agenda parlamentaria
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República de Colombia se activará en la frontera con Venezuela. Sesionarán en el departamento de La Guajira para “tomar las medidas que sean necesarias a efecto de proteger a la población y particularmente a comunidades originarias para que se les respeten sus derechos humanos, para que se integren plenamente a la sociedad colombiana y exista una excelente relación con la población de Venezuela”, adelanta el senador Everth Bustamante García, vicepresidente de la comisión, en contacto con La Verdad.
El Poder Legislativo pone la mirada a la “situación de los derechos”. Hay preocupación de lo que viven las familias en la zona limítrofe con Venezuela. “Ahí concurren un conjunto de elementos que ponen en riesgo permanentemente la seguridad de los ciudadanos y especialmente el respeto a los derechos humanos”.
Y es que además de ser el territorio de las comunidades wayuu con un “papel económico, social y cultural muy importante, también esa zona del país (Colombia) ha sido afectada por la presencia de flagelos como contrabando, paramilitarismo. Ha sido una zona estratégica para la distribución a nivel internacional del narcotráfico. A eso se suma la precariedad en la prestación de algunos servicios público como agua en varias poblaciones. El tema alimentario que afecta bastante”.
El senador Bustamante resalta que existe “preocupación” por la colocación de alimentos en La Guajira. En la sesión se convocarán a los responsables del Ejecutivo del Poder Público para conocer las iniciativas y futuras acciones en la distribución para “garantizar un flujo estable y regular en materia alimentaria para la población”. La Comisión de DDHH que integra velará para que se tomen medidas “a los efectos de dar garantías a los habitantes de la región”.
Sobre la seguridad y actuaciones de la Fuerza Armada Bolivariana en la Guajira venezolana para frenar acciones ilícitas, el congresista recalca que son “conscientes de la sensibilidad del tema. Hemos tenido unos episodios críticos en la relación binacional, que en Colombia hay mucha preocupación por lo que está sucediendo en el hermano país de Venezuela, y quisiéramos que estos temas de frontera nos ayudarán a que se logre un entorno de tranquilidad y paz”.
Asegura que hay competencias propias del Ejecutivo. Desde el Congreso tienen responsabilidades legales de iniciativa parlamentaria para “avanzar en la tarea de mejorar la situación de derechos humanos no solo para los habitantes y ciudadanos que habitan en la zona de frontera sino para toda Colombia”.