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La nueva providencia de la Ley de Precios Justos mantiene en alerta a los empresarios. Comenzaron las fiscalizaciones de la Superintendencia de Precios Justos y las etiquetas adheridas a todos los productos lo indican: sólo se toma en cuenta el dólar oficial. Para los economistas y empresarios estos bajos precios sólo significan la acentuación de problemas como la poca oferta, poca producción e inversión, además de la escasez y la consecuente inflación.
Por esta razón pronostican que una gran cantidad de negocios cierre para finales de noviembre y febrero de 2016. Carlos Dickson, presidente de Fedecámaras-Zulia, afirma que desde 2012 cerraron más de 40 mil empresas en todo el territorio nacional por ser tildadas de especuladoras en las inspecciones. “Solo recuerden el 'Dakazo' en 2013, expropiaciones y confiscaciones sólo han traído más desabastecimiento y desempleados”, advierte.
Edinson Morales, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de LUZ, considera “inviable” la ley, puesto que la cantidad de monedas extranjeras disponibles mermó significativamente. El Banco Central de Venezuela liquidaba 140 millones de dólares diarios, este año la cifra descendió a 40 millones de dólares.
“Aquí no hay divisas para nadie por la caída de los precios del petróleo, por el despilfarro y por los compromisos internacionales que tiene Venezuela con otros países a los cuales les sigue enviando divisas tales como Cuba y otros países de Petrocaribe”.
A pesar de que el presidente regional de Fedecámaras perciba “buenas intenciones” en la medida del Ejecutivo nacional, asegura que no ha producido más que desasosiego entre los comerciantes. Destacan quienes manejan empresas familiares, que representan 20 por ciento de las organizaciones del país. También 25 por ciento de las empresas de emprendedores que tienen a su cargo menos de cinco empleados se ven afectados. “Ellos son los más débiles de la cadena de distribución y son muy necesarios para la subsistencia de la porción más expuestos en las crisis”.