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Para el presidente Maduro el derecho constitucional que tenemos los venezolanos de revocar gobernantes es “opcional”, en lo sucesivo la voluntad del pueblo debe pasar por un filtro donde gobernantes decidirán qué les conviene y qué no. De este modo, nuestra democracia de la noche a la mañana también pasó ser opcional, aparentemente el artículo 5 de la Constitución, sin enmienda previa, ya no reza que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, sino la soberanía reside “opcionalmente” en el pueblo.
Por si fuera poco, por primera vez en nuestra historia toda una entidad federal, el Amazonas, se encuentra sin representación ante el Parlamento de la República. Curiosamente, apreciamos hace poco, como la rectora principal del CNE, Tibisay Lucena, abogó incansablemente por los derechos políticos del presidente Maduro. Estimada rectora, ¿qué de la vulneración de los derechos políticos de los habitantes del estado Amazonas?, ¿por qué el defensor del Pueblo tampoco se pronuncia?. Los derechos políticos del pueblo ahora también son opcionales.
Asimismo, desde finales de enero, el Ejecutivo nacional, de la mano del TSJ, ha cercenado atribuciones que la Carta Magna tácitamente otorga a la AN, actividades de control sobre la administración pública y de Gobierno; funciones vertebrales de cualquier Parlamento.
Le suplico lea con atención: A través del reciente decreto de estado de excepción y emergencia económica, el propio Presidente de la República se autoconfiere atribuciones ilimitadas, asido a la “manu militari” que el Gobierno inexactamente denomina unión cívico-militar, pues son los militares quienes paulatinamente invaden espacios civiles, no así los civiles en el ámbito castrense. Estos decretos son reproducciones repotenciadas de anteriores y de pasadas leyes habilitantes, sustentados en las mismas tesis y “soluciones” que no han solucionado nada, al contrario han profundizado la crisis ¿tiene sentido?
Pues, tiene sentido para el presidente Maduro, porque con popularidad en niveles de reserva a consecuencia de un modelo que arruinó la economía nacional, con la calle tensa por la falta de alimentos y medicinas, se autoconfiere facultades plenas para prohibir a su conveniencia elecciones, protestas y todo tipo de derechos políticos que pudieran hacerlo perder su sobrevenido cargo. ¿Tiene sentido para el pueblo? Responda usted.