El Centro para los Defensores y la Justicia aseguró que los ataques se centraron, sobre todo, en acciones para “neutralizar, castigar, restringir y obstaculizar la defensa, exigencia y promoción” de derechos humanos
La Organización No Gubernamental (ONG) Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) computó 1.654 ataques contra activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos en el país, entre 2017 y 2021, caracterizados por “la profundización de la política de criminalización”, según un balance difundido este viernes.
La oenegé aseguró que “las agresiones, amenazas y obstaculizaciones en contra de las personas y organizaciones defensoras y de acción humanitaria aumentaron progresivamente, evidenciando un ambiente complejo y hostil para el ejercicio de acciones relacionadas a la defensa, exigencia y promoción de derechos y la actividad humanitaria en el país”.
Del total de incidentes, 1.112 fueron identificados como “estigmatización” -actos destinados a desacreditar, ofender, señalar o acusar-, 301 hechos de hostigamiento e intimidación, 101 amenazas, 37 detenciones arbitrarias, 35 ataques digitales, 22 judicializaciones, 18 allanamientos y otros 28 casos no incluidos en ningún patrón en concreto.
Además, el centro identificó 2021 y 2017 como los períodos con más ataques, al computar 743 y 378, respectivamente. Sigue 2020 con 303 agresiones, 2019 con 135 y 2018 con 95.
La ONG aseguró que los ataques se centraron, sobre todo, en acciones para “neutralizar, castigar, restringir y obstaculizar la defensa, exigencia y promoción” de derechos humanos y que su incremento o disminución en cada año se relaciona con los hechos que ocurrieron en cada época.
“En los últimos cinco años, los patrones identificados se han perfeccionado y su aplicación se ha visto marcada por un incremento de hechos violentos, afectaciones a la integridad personal y vida, amenazas, y el uso del discurso de odio y descalificatorio en contra de las personas defensoras de derechos humanos”, apuntó.
El CDJ exhortó a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos a ofrecer una respuesta “oportuna, fuerte y clara” en favor de los activistas.
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