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Manuel Galindo Ballesteros, contralor general de la República, negó que la inhabilitación a María Corina Machado se deba a una “retaliación” o “persecución política” como lo han asegurado voceros de la oposición.
“No tenemos ninguna retaliación ni ninguna persecución con ningún ciudadano. A la señora María Corina Machado le hemos dado el trato de una ciudadana común y corriente, que incumplió con un deber consagrado en la ley”, explicó el funcionario en entrevista con Venezolana de Televisión (VTV).
El contralor aclaró que la inhabilitación a la exdiputada se debe “a la inconsistencia de algunos activos que ella debió haber presentado oportunamente en su declaración jurada de patrimonio. Específicamente se trató de las prestaciones sociales y algunas bonificaciones que ella cobró a la Asamblea Nacional cuando ejerció el cargo como diputada”.
Detalló que Machado incurrió en una falta a la Ley Anticorrupción al no incluir en la declaración jurada de patrimonio tales conceptos de carácter laboral y eso “es considerado por la ley como un ocultamiento que de manera expedita y sin procedimiento alguno acarrea la sanción de la inhabilitación administrativa por doce meses.
Galindo Ballesteros reiteró que la Contraloría “no persigue políticamente a ningún ciudadano o ciudadana, simplemente se encarga de vigilar y controlar el destino del patrimonio público” y de aplicar las sanciones que están previstas en los procedimientos administrativos.