Cipriana Ramos, presidenta del Consejo Nacional de Comercio y los Servicios, asegura que debe esperarse la publicación de la modificación de la Ley Orgánica de Precios Justos para determinar los impactos
Cipriana Ramos, presidenta del Consejo Nacional de Comercio y los Servicios, asegura que debe esperarse la publicación de la modificación de la Ley Orgánica de Precios Justos para determinar los impactos. Sí adelanta que “es grave” que el Gobierno insista en fijar los precios, ganancias y “se concreta la prohibición de la importación”.
Destaca que “si el Gobierno no vende los dólares y no se puede importar con dólares propios porque se pudiera convertir en un ilícito cambiario, vamos a tener menos productos, quizás más baratos. Pero importados por el Gobierno”.
El sector comercio no produce ni importa bienes, los distribuye. Es la cadena final de venta. De limitarse la importación solo al Ejecutivo, desde el punto de vista de alimentos con la red pública: Mercal, PDVAL, Bicentenario, se trabajará en función de la “red pública”.
Ramos señala que el Gobierno al extender la entrega a cadenas oficiales “está dejando por fuera a los privados”. Y centrado en modificación de precios final habrá “menos mercancía en las calles porque nadie va a importar con dólar libre si no puede ajustarlo al precio venta”. Los empresarios atenderán cumplir con la normativa, “pero se va a generar problemas que no permitirán la reposición de inventarios”, sentencia Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras.
El presidente de la federación considera que el control de precios afecta la rentabilidad de las empresas para soportar los salarios aumentados y evade analizar los “complejos procesos de encadenamientos productivos”. Insta a modificar el régimen cambiario y fijar una fluida planificación de las compras de materias primas, insumos y repuestos a fin de producir los bienes que demanda la población.
El Gobierno anunció cambios en la política de precios y márgenes de ganancias de productos, para el sector de productores e importadores. Los empresarios están a la expectativa de las modificaciones a decretarse. El tope máximo de ganancias se mantiene en 30 por ciento y se asigna 20 por ciento al sector primario. Los precios finales no podrán ser alterados por el comercio.