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Los gerentes regionales, estadales y supervisores de talento humano de la Corporación Eléctrica Nacional recibieron una comunicación por parte de la estatal para impedir las asambleas, reuniones o concentraciones de trabajadores en las instalaciones de la empresa, “que propician la separación de los trabajadores de sus puestos de trabajo, incidiendo directamente en la operatividad en la entidad del trabajo”.
A pesar de que dentro de la comunicación, la corporación ratifica su compromiso en la prohibición de las prácticas antisindicales, justifican la acción en la premisa de que dentro del artículo 392 de la Ley Orgánica de los Trabajadores dicta que las actividades gremiales pueden realizarse “sin que esto perturbe la actividad normal de la entidad de trabajo”.
Los trabajadores rechazaron la imposición. “Nos están violando los derechos como sindicato”, introduce Álvaro Blanco, secretario general del Sindicato Bolivariano de Trabajadores de la Industria Eléctrica del estado Zulia. Califica la acción como “una fase más del terrorismo psicológico para evitar un paro nacional”, una medida a la que los empleados intentan recurrir para ejercer presión para la firma de su contrato colectivo.
Hasta el momento, el Ministerio del Trabajo no les ha dado permiso para ejecutar una huelga en la que solo laborarían los servicios mínimos de la estatal. La semana pasada, les pidieron la verificación de algunas de 22 mil firmas que consignaron en Caracas. A 16 sindicatos de alrededor del país también les impiden la participación en la práctica, pues sus períodos están vencidos.
En el Zulia, Blanco explica que la coalición sindical no ha llegado a ningún acuerdo al respecto, pues su agenda está ocupada por situación legal de sus cinco compañeros que permanecen detenidos por un presunto “sabotaje” en la Planta Termozulia. “La lucha sindical continúa, no estamos dispuestos a renunciar a nuestros beneficios ganados”, confirma el dirigente.