La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) urgió este lunes 1 de diciembre a los países a ejecutar sin demora las órdenes de arresto pendientes, que incluyen al presidente ruso Vladimir Putin y al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, en un momento en que su carga de trabajo alcanza niveles “sin precedentes” por el aumento de denuncias de crímenes graves.
“De Ucrania a Darfur, de Palestina a Venezuela, de la República Democrática del Congo a Filipinas, y también en Libia, las voces crecen y las peticiones se vuelven más urgentes. Nuestra Fiscalía ha recibido un volumen sin precedentes de comunicaciones”, señaló, subrayando que “lo que piden es que la justicia no sea un ideal lejano e intangible, sino una realidad concreta”.
Durante la apertura de la Asamblea de Estados Parte del tribunal, el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang advirtió de que la demanda de acción a la fiscalía “nunca ha sido mayor”.
También reclamó a los países cumplir sus obligaciones legales, después de que varios países miembros, como Hungría o Mongolia, se negaran a arrestar a Netanyahu y Putin cuando viajaron a sus respectivos territorios.
“Ante cualquier intento de socavar nuestra labor (…) Llamo a todos a renovar su compromiso con nuestra misión. Ejecutar órdenes de arresto, compartir información y proteger testigos no es un acto de generosidad: son obligaciones jurídicas esenciales para la credibilidad del sistema de justicia”, alertó.
Niang explicó que la Fiscalía recibe un volumen creciente de lo que se conoce como “comunicaciones”, que son informes y documentación con denuncias de presuntos crímenes que son enviados por víctimas, oenegés, abogados, Estados o ciudadanos para que los examinen.
El fiscal adjunto destacó que este aumento del trabajo refleja un escenario global “sombrío”, marcado por violaciones sistemáticas y un sufrimiento creciente, pero también aseguró que hay una señal creciente de confianza en la Corte.
“Significa que las personas afectadas reconocen que la CPI es una institución en la que pueden confiar”, afirmó.
Niang defendió la relevancia de la CPI en un contexto internacional “amenazado por conflictos, infectado por la desinformación y debilitado por la impunidad”, y advirtió de que la Corte mantendrá su labor a pesar de las “presiones externas” y las “medidas coercitivas”, lo que incluye las sanciones emitidas por Estados Unidos contra jueces y fiscales, incluido el propio Niang, por la investigación que involucra a Israel por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Palestina.
“Estas presiones, sean personales o institucionales, han fortalecido, no debilitado, nuestra convicción en la misión noble de esta Corte”, insistió.
“Sí, son tiempos difíciles, pero estamos listos para este reto, que afrontaremos juntos y con determinación”, subrayó, al tiempo que resaltó que “la justicia, incluso cuando se cuestiona, debe permanecer fuerte e intacta”.
Los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan (Fiji) y Niang (Senegal) asumieron el pasado mayo las funciones de la fiscalía, después de que el fiscal jefe, Karim Khan, se apartara a la espera de los resultados de una investigación en su contra por presunto acoso sexual.
Niang también declaró que la fiscalía de la CPI cerrará su oficina en Caracas por falta de “progreso real” con Venezuela.
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