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La falta de materia prima toca la producción del sector avícola. La mayor empresa integradora de pollo del país, Protinal Proagro, que agrupa seis mil 300 trabajadores directos, 100 mil indirectos, moviliza 500 camiones diarios de alimentos para las aves y es capaz de sustituir las importaciones, anunció que “ha sido insuficiente y a destiempo para atender la producción nacional” las gestiones del Estado para el suministro de cereales a la industria.
Alertó que “ha agotado todos los recursos y acciones” bajo su responsabilidad para restablecer la producción de pollo que ronda los 120 millones de kilos mensuales de carne avícola. En 2013 advertían los impactos. Johnn Schneel, su presidente, manifestó los efectos que aún se mantienen por las fallas en inventarios de materia prima. Los efectos se extienden a 17 estados a los que distribuyen pollo fresco.
Desde hace tres semanas la colocación del pollo trepa a puntos críticos. En Zulia, segunda zona productora detrás de la región central, las integradoras de pollo competidoras de Protinal del Zulia redujeron las colocaciones, administrando maíz y soya que les queda en sus silos, dijo una fuente del sector a La Verdad. La variación de la comercialización al detal disparó el precio de la venta del pollo.
El kilo de pollo entero ronda mil 200 bolívares en los mercados municipales y negocios de expendios. Aplastando la regulación oficial de 65 bolívares, dada la inflación general que supera el 200 por ciento. “Aumentó 100 bolívares más que hace dos semanas”, aseguró María Navarro, consumidora. Los muslos y pechugas se venden por encima de mil 400 bolívares. En las refrigeradoras solo se exhiben las patas de pollo que quedan en los carniceros.
El Gobierno venezolano, a través del Ministerio de Alimentación, conoció la situación de las avícolas. La caída de los recursos. Lo que aleja las posibilidades de reactivar la capacidad industria de producir y sustituir la importación de Brasil, Argentina y Uruguay.
Aún no da respuesta de las acciones a emprender. Tampoco responde a la deuda de siete millones 200 mil dólares contraída con la Cámara Uruguaya de Procesadoras Avícolas que paralizó las exportación a Caracas por el incumplimiento del compromiso de pago de 2015 de la Corporación Venezuela de Comercio Exterior.