El punto 6 del documento establece que “de acuerdo con la legislación nacional de cada país, acoger los documentos de viaje vencidos como documentos de identidad de los ciudadanos venezolanos para fines migratorios”
El encuentro regional de Quito sobre la emigración venezolana concluyó este martes con una declaración de voluntad por parte de 11 países participantes a acoger a los emigrantes dentro de un sentido de “hermandad” y “solidaridad”, pero también dentro de la “seguridad” para las sociedades receptoras.
El documento “contiene la voluntad de todos los Estados participantes en acoger con los brazos abiertos a todos los que enfrentan una difícil situación en su país de origen”, anunció al concluir la reunión el César Bustamante, representante peruano.
La reunión, que congregó a representantes de 13 países, incluido República Dominicana con carácter de observador, según fuentes de la Cancillería, terminó este martes en Quito con la firma de una declaración de intenciones por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
El que es el primer encuentro de estas características y alcance no contó con la participación de Venezuela, pero sí de la de la Bolivia que, según la Cancillería, no puso su firma al documento.
Tampoco lo hizo República Dominicana por su carácter de observador.
Conclusiones
En la sesión de cierre, Bustamante se mostró confiado en que “todos hemos cumplido con nuestra labor, todos (…) Hemos aportado y nos vamos seguro de haber evaluado adecuadamente la situación, de haber diseñado líneas de acción para poder gobernar esta migración masiva hacia el sur y, finalmente, esta grave situación humanitaria”.
La declaración también “exhorta al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que tome de manera urgente y prioritaria las medidas necesarias para la provisión oportuna de documentos de identidad y de viaje de sus nacionales”, según el texto difundido.
Y menciona entre ellas la concesión regularizada de “cédulas de identidad, pasaportes, partidas de nacimiento, partidas de matrimonio y certificados de antecedentes penales, así como de las apostillas y legalizaciones que fueran requeridas por sus ciudadanos en vista de que la carencia de tales documentos ha generado”.
Se trata de una exigencia destinada a garantizar la seguridad de los emigrantes, evitar el tráfico de personas, la violencia sexual contra los emigrantes y la xenofobia, pero también destinada a garantizar la seguridad de las propias sociedades de acogida.
Raúl Sanuhueza, representante chileno, reconoció en ese sentido que le habría gustado “ir un poco más allá” en la declaración y “en reconocer que esto no vino del cielo”.
Manifestó en su intervención de cierre que “no es que los venezolanos se pusieron en la mente un buen día salir a caminar y recorrer América Latina. Esta no es una situación de turismo. Lejos de eso, esta es una situación humanitaria grave generada en una crisis”, por ello consideró imprescindible “apoyar a esos migrantes y apoyar a la comunidad de acogida”, dando seguridad a ambos.
“La delegación de Quito cumple plenamente el objetivo fijado que es dar a cada uno lo que es suyo: al migrante venezolano darle tranquilidad y esperanza, y a la comunidad de acogida darle seguridad y confort”, sentenció.
José Javier Samaniego, representante de ACNUR, valoró que los resultados de la reunión “constituyen una verdadera hoja de ruta” y expresó la plena disposición de su organización de “seguir trabajando con los Estados” y apoyar “las diferentes iniciativas que se han presentado en esta declaración”.
Oposición
Bolivia, uno de los trece países asistentes que analizó técnicamente el masivo flujo migratorio de venezolanos, rechazó firmar su declaración final, reveló un alto responsable ecuatoriano.
Santiago Chávez, viceministro de Movilidad Humana de Ecuador, que cerró la cita de dos días y que aglutinó a más de una decena de países latinoamericanos, confirmó en una rueda de prensa que la delegación boliviana no se sumó al texto final que aglutina 18 conclusiones sobre la crisis migratoria venezolana, que afecta de diferente manera a los países de la región.
“La delegación de Bolivia participó íntegramente durante los dos días de la reunión, estuvo hasta el final y nosotros lógicamente tratamos de que ellos tengan una participación activa, intentamos meterles en la dinámica de la aprobación de la declaración”, manifestó el funcionario con rango de embajador.
Lamentó que “desgraciadamente, ellos (los representantes bolivianos) están en este momento siguiendo un lineamiento del Gobierno boliviano, una instrucción concreta en el sentido de que no podían acompañar la declaración”.
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