El Gobierno esgrime la Constitución como la “más avanzada” en derechos “del mundo”, y que sus garantías son cumplidas
En octubre, Amnistía Internacional (AI) asistió por vez primera a una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Venezuela, solicitando un informe especial sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, ante señalamientos en su contra por representantes del Estado, incluido el Presidente de la República y el presidente de la Asamblea Nacional. En este contexto, defensores y defensoras han sufrido agresiones, como Marino Alvarado, golpeado hace poco en su casa por hombres armados, junto a su hijo pequeño.
Si no se valora a quien defiende derechos, no habrá justicia, ni para las 44 muertes y cientos de personas heridas en las protestas de 2014, ni para violaciones del pasado.
Quedarán impunes casos como el de Wuaddy Moreno, campesino que afirmó haber sido detenido por guardias nacionales acusado de hacer barricadas; a quien le quemaron los glúteos con un destornillador ardiendo.
La sentencia contra Leopoldo López, mediante un proceso cuestionado por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, pone en duda la independencia judicial. Primer prisionero de conciencia venezolano declarado por AI; su caso ilustra el de personas como Rosmit Mantilla, activista por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans de Voluntad Popular –partido contra el que parece existir un patrón de persecución-, quien lleva 18 meses esperando juicio, sin haberse presentado prueba creíble en su contra.
El Gobierno esgrime la Constitución como la “más avanzada” en derechos “del mundo”, y que sus garantías son cumplidas. En efecto, la Carta Magna reconoce la justicia internacional y expresamente el poder de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para respetar la Constitución, hay que regresar a dicha Convención, abandonada inconstitucionalmente hace dos años; liberar a las personas detenidas arbitrariamente y acatar las resoluciones y recomendaciones de organismos internacionales que tienen puesta su atención en el país, como el Comité de la ONU contra la Tortura –que pide medidas urgentes para garantizar en la práctica el derecho a la integridad física-. Igualmente, se deben aceptar las 52 recomendaciones del Examen Periódico Universal sobre Venezuela del Comité de Derechos Humanos de la ONU, rechazadas por la delegación venezolana, sobre independencia del poder Judicial y protección de defensores.