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La audiencia preliminar de Manuel Rosales, exgobernador del Zulia, se difirió por cuarta ocasión en cuatro meses. A diferencia de las tres suspensiones anteriores, esta vez sí hubo despacho en el tribunal 19 de Control, pero, inesperadamente, el equipo de abogados del dirigente solicitó que se postergara el acto para tratar con su defendido “nuevos elementos” del caso. Jesús Pérez Farías, juez de la causa, aceptó la solicitud y pospuso la audiencia para el próximo viernes 26 de febrero.
La decisión de la defensa tuvo un sabor agridulce entre el grupo de seguidores de Rosales que desde tempranas horas de la mañana se apostaron a las afueras del Palacio de Justicia de Caracas para pedir su liberación inmediata. Por un lado, unos preferían que se llevara a cabo la audiencia. “Necesitamos acabar con esta incertidumbre”, decía, preocupado, uno de los hijos del excandidato presidencial, quien tenía la esperanza de que su padre recibiera -al menos- una medida humanitaria para ser enjuiciado en su casa. Otros, en cambio, se alegraron por la noticia, convencidos de que el Gobierno nacional le daría al fundador de Un Nuevo Tiempo (UNT) el mismo trato que le dio un día antes a Antonio Ledezma, acalde metropolitano de Caracas, a quien la fiscalía pidió condenar por 16 años por delitos que, según su esposa Mitzy Capriles, son inventados.
Trascendió que Rosales, acusado de presunto enriquecimiento ilícito y encarcelado desde el pasado 15 de octubre, cuando decidió dejar el exilio y enfrentar a la justicia venezolana, fue trasladado desde el Helicoide, su sitio de reclusión en la capital, hasta el Palacio de Justicia, en medio de un operativo de seguridad que contó con la participación de decenas de funcionarios que portaban armas largas y estaban encapuchados, como si se tratara de un peligroso terrorista. Sin embargo, los abogados del dirigente le restaron importancia a este asunto. “Es un procedimiento común”.
Aspecto legal
Morris Sierralta, abogado de Rosales, conversó con La Verdad a la salida de los tribunales caraqueños. Explicó que en las últimas horas se habían sumado elementos “importantes” para la defensa que no habían sido discutidos con su cliente. Al equipo de abogados le impidieron la visita pautada para los lunes (no quiso detallar cuáles eran esos elementos). El juez entendió -dijo Sierralta- que el plazo era necesario pese a que ya estaban en el despacho los tres fiscales del caso y el funcionario de la procuraduría.
Agregó que aprovecharon el traslado del exgobernador para reunirse con él. Conversaron durante cuatro horas en una sala del Palacio de Justicia. Negó que el desenlace del caso del alcalde metropolitano o la primera discusión de la ley de Amnistía en la AN hayan pesado en la decisión de solicitar el diferimiento. “Son planteamientos completamente diferentes”, aseguró el abogado, quien subrayó que Rosales ya tenía su discurso preparado.
“Creo en la reivindicación del Poder Judicial. No se trata solo de Manuel sino de los todos los presos políticos del país, de aquellos hombres y mujeres que en algún momento han sido víctimas de la persecución de un TSJ que no entendió el mensaje de los electores, quienes el pasado 6 de diciembre pidieron con su voto un cambio, solución para los problemas del país y autonomía en los poderes “, aseguró Eveling Trejo, esposa de Rosales y alcaldesa de Maracaibo, quien acudió ayer a la audiencia acompañada de sus hijos, de dirigentes de UNT y de un grupo de amigos muy cercanos del líder zuliano, la mayoría de ellos convencidos de que la libertad del dirigente no depende de una decisión judicial sino política.