Del Estado fallido al Estado de derecho legítimo

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Para salir del abismo económico en el que nos encontramos, lo primero es superar la orientación equivocada del denominado Socialismo del siglo XXI. Y en tal sentido, Venezuela requiere darle forma a un Estado de derecho legítimo y soberano, sin ninguna orientación ideológica. El país tiene hoy, después de violar durante veinte años la Constitución de 1999, un Estado fallido, como denomina la teoría política y jurídica a aquellos, que carecen de poder institucionalizado y legítimo, y que además, son incapaces de responder a las demandas de los ciudadanos. Por ello, el primer reto de los venezolanos del presente es superar esa deformación del Estado, para volver a ser una República democrática dentro de un Estado de Derecho y de Justicia como lo establece la Constitución violada.

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En consecuencia, la recuperación de una economía en proceso de destrucción como la venezolana, demanda la urgente reconstrucción de una institucionalidad para la democracia, con un Estado focalizado en proveer bienes y servicios públicos, seguridad ciudadana y seguridad jurídica. Es urgente un cambio de paradigma que ponga en práctica una planificación económica abierta y descentralizada de largo y mediano plazo, con reglas confiables, en cooperación con el sector privado y con apertura a las instituciones que demuestren eficiencia. Debemos pasar de la economía de controles de un Estado interventor hoy fallido, que rechaza la propiedad privada y abusa de la planificación central, a un país con economía libre que respete la propiedad privada y donde la asignación de recursos se haga con mecanismos de libre mercado. Tenemos que acabar con la fijación de precios, ganancias y costos y con los controles en la distribución de los productos.

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La reestructuración del Estado implica el respeto a los principios republicanos relativos al contrapeso del poder, el imperio de la ley, la transparencia y la rendición de cuentas y la existencia de un gobierno inclusivo con participación ciudadana. Para recuperar la economía venezolana hay que darle plena vigencia a los derechos humanos establecidos en la Constitución. Así, todas las personas podrían dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, correspondiéndole al Estado promover la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza. Debe el Estado igualmente, promover la libertad de trabajo y a la empresa, comercio e industria, así como penar severamente los ilícitos económicos que hoy proliferan. La garantía del derecho de propiedad es básica y la expropiación, por causa de utilidad pública o interés social, cuando sea necesaria debe ser mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización.

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Las confiscaciones de bienes deben ajustarse a lo establecido en el artículo 116 de la Constitución y nunca hacerse por razones políticas. Todas las personas deben tener derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada sobre ellos. Un nuevo Estado de derecho legítimo y soberano en Venezuela, debe garantizar que la economía se fundamente en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia y protección al ambiente, productividad y solidaridad para asegurar el desarrollo humano integral, como está establecido en el artículo 299 de la Constitución. Igualmente, el Estado conjuntamente con la iniciativa privada, debe promover el desarrollo armónico de la economía, generando fuentes de trabajo, alto valor agregado, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país.

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Con base en estos objetivos, el Estado debe establecer las políticas públicas para estimular la economía real y asegurar el buen funcionamiento de la economía monetaria. Principios como los puestos en práctica entre 1920 y 1978 que hicieron posible el crecimiento por más de medio siglo, deben hoy analizarse, tales como, la garantía de la institucionalidad, el respeto a las garantías económicas, el respeto a la iniciativa privada, la austeridad fiscal, el equilibrio macroeconómico, el manejo responsable del tipo de cambio y de la emisión de dinero, así como el rechazo al financiamiento monetario del deficit fiscal.

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En suma pues, creemos que el problema real de la economía venezolana es institucional, razón por la cual, sin darle un vuelco total al Estado fallido actual, nada será posible. Solo con un Estado de derecho legítimo y soberano, será posible poner en práctica un conjunto de iniciativas y acciones para ponerle freno a la destrucción progresiva de nuestra economía. 

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