Desde diciembre de 2023 se ha registrado un “alarmante aumento” en las desapariciones forzadas del país, en muchos casos sufridas por opositores y militares, advirtió el Grupo de Trabajo de la ONU para las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el cual investiga este tipo de abusos. Subrayó que podrían perjudicar el libre voto en las elecciones del 28 de julio.
“Estas desapariciones forzadas podrían tener un efecto disuasorio y obstaculizar el derecho de la población a votar libremente”, advirtió en un comunicado el órgano de las Naciones Unidas.
Las cinco expertas que lo componen denunciaron que en muchos casos se trata de detenciones prolongadas y en régimen de incomunicación.
“Parecen seguir un patrón según el cual (las víctimas) son privadas de libertad por las autoridades estatales, llevadas a centros de detención reconocidos y ahí privadas de sus derechos fundamentales como el contacto con el mundo exterior y el acceso a asistencia letrada”, afirmaron.
“Privar a una persona de su libertad, seguido de la negativa a reconocer su detención, u ocultar su suerte o paradero, la sitúa fuera de la protección de la ley. Esto constituye una desaparición forzada, independientemente de la duración de dicha privación de libertad u ocultación”, agregó el grupo de trabajo.
Las expertas subrayaron que “la impunidad de estos crímenes socava la confianza en el Estado de derecho y en las instituciones, y perpetúa un clima de miedo e inseguridad en la sociedad”, e instaron a las autoridades venezolanas a “prevenir, erradicar y enjuiciar todo acto de desaparición forzada”.
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