Provea denunció este lunes 31 de marzo la “desaparición forzada” y “detención arbitraria” contra Albert Martín Maíz Nadales, funcionario del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien fue citado el 27 de noviembre de 2024 a una reunión en la sede del Poder Electoral en Caracas, y desde entonces se desconoce su paradero.
Albert se desempeñaba como director de la Oficina Nacional de Supervisión del Registro Civil e Identificación. Su familia perdió contacto con él y, tras cuatro meses de búsqueda, no han recibido información oficial sobre su ubicación.
De acuerdo con una publicación de la oenegé en la red social X, la hija del funcionario, Bianggi Maíz, señaló que días después de su desaparición se confirmó que Albert había sido trasladado a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta.
Allí se le habría permitido recibir medicamentos debido a sus condiciones de salud: es paciente bariátrico, hipertenso y tiene tensión ocular. Sin embargo, el 16 de diciembre, al intentar contactarlo nuevamente, les informaron que ya no estaba en el lugar.
Desde entonces, la familia ha recorrido diferentes centros de reclusión en búsqueda de información, incluso se les impidió preguntar en sitios como el Rodeo I.
Provea informó que el 20 de marzo la familia obtuvo información extraoficial sobre la presentación de Albert ante el Tribunal Segundo de Terrorismo, donde fue acusado de traición a la patria, terrorismo, conspiración y asociación para delinquir.
Pese a esto, señalan que no se les permitió designar un abogado privado, y el defensor público asignado no ha brindado detalles sobre su estado ni situación jurídica. La familia también denuncia la negativa de las autoridades para permitir contacto con Albert y entregar los medicamentos que requiere.
La organización defensora de los derechos humanos recordó que la desaparición forzada está prohibida por la Constitución. “El artículo 44 garantiza el derecho de toda persona detenida a comunicarse con su familia, designar su abogado de confianza y conocer las razones de su detención”.
Además, el artículo 45 establece que “ninguna autoridad pública, sea civil o militar, incluso en estados de emergencia, puede practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas”.
Pese a esto, las solicitudes introducidas por la familia ante el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), incluyendo un habeas corpus, no han recibido respuesta.
Provea exige la liberación inmediata del funcionario del CNE, el respeto al debido proceso y garantías para que pueda recibir tratamiento médico adecuado.
Recibimos denuncia de presunta desaparición forzada y detención arbitraria a manos de la DGCIM contra Albert Martín Maíz Nadales, funcionario del CNE.
El 27 de noviembre 2024, Albert fue citado a una reunión en la sede del CNE en Caracas, donde se desempeñaba como director de la… pic.twitter.com/0PZwNs6VYN
— PROVEA (@_Provea) April 1, 2025
¿Deseas recibir esta y otras noticias en tu celular? Únete a nuestro grupo de Telegram https://t.me/diariolaverdad y WhatsApp https://bit.ly/3kaCQXh. Además, sigue nuestro perfil en Instagram @diariolaverdad y en Facebook y Twitter @laverdadweb.