Fegalago acusa extorsión de los cuerpos de seguridad para pasar las unidades con alimentos a Maracaibo. “En la avenida Sabaneta un camión 350 paga de peaje (punto de control) entre 40 mil y 50 mil bolívares por cada carga. Tiene que pagarlos para poder llevar los productos”, precisa Armando Chacín, presidente de gremio
Fegalago acusa extorsión de los cuerpos de seguridad para pasar las unidades con alimentos a Maracaibo. “En la avenida Sabaneta un camión 350 paga de peaje (punto de control) entre 40 mil y 50 mil bolívares por cada carga. Tiene que pagarlos para poder llevar los productos”, precisa Armando Chacín, presidente de gremio.
Los automotores con inventarios de comida provienen de las fincas de Perijá, donde se cultivan algunos rubros agrícolas, leche, queso y carne. Otros vienen del Sur del Lago con verduras, plátanos y frutas. “Nadie quiere llevar alimentos a Maracaibo porque cobran peaje”.
Chacín explica, en contacto con La Verdad, que son obligados a una tarifa que imponen los uniformados, “lo que redunda en aumento para los venezolanos y más escasez porque los productores no quieren ir a Maracaibo”.
Resalta que el pago impacta en el comportamiento normal “que mueve la economía de los municipios productores”, de los predios productores de alimentos básicos para el consumo regional.
Fegalago recibe los reclamos de los productores de queso, que desde el mes pasado tienen freno para vender en el Mercado Las Playitas y Las Pulgas. Los comerciantes señalaron que al llegar los camiones los guardias pedían la cuota para dejar el despacho. Hasta la semana pasada “cobraban 20 mil bolívares por dejar entrar a los queseros”, asegura un mercader en anonimato.
A los queseros se les exigió guía de Sunagro y a los distribuidores permisos de Insai para la movilización de productos agropecuarios. El comerciante señala que hay pequeños queseros artesanales que expenden en los mercados.
El presidente de Fegalago acusa que a pesar de tener la documentación para la venta de queso y cremas, la Guardia Nacional y funcionarios de la Policía regional amenazaba a los productores agropecuarios con “pasarlos a la Fiscalía” señalándolos de “bachaqueros”. Resalta que hay negocios que venden directamente a los consumidores.